En 2025 este delito vio un aumento de casi el doble en denuncias durante los últimos cinco años.
El incumplimiento de pensiones alimenticias se ha convertido en una crisis creciente en Nuevo León.
De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en 2025 se registraron 825 carpetas de investigación por no pagar pensión alimentaria, la cifra más alta en la historia reciente del estado y casi el doble de las denunciadas hace cinco años.
Las carpetas de investigación por no pago de pensión alimentaria casi se duplicaron en cinco años Foto: Canva
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Este delito ha venido escalando de forma constante: en 2020 se documentaron 420 casos, para 2022 se registraron 657 y en 2024 la cifra rebasó las 700 carpetas, llegando al máximo histórico de 825 en 2025.
Asimismo, los datos mensuales confirman la tendencia al alza: octubre de 2025 fue el mes con más denuncias, con 98 casos abiertos, y destacan también septiembre y octubre de 2024 con cifras superiores a 90 cada mes.
Es así que, este incremento no solo refleja un mayor número de denuncias, sino también un problema estructural en el cumplimiento de las responsabilidades familiares.
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En Nuevo León, el Código Penal estatal sanciona el incumplimiento de obligaciones alimentarias, refiriendo que, quien no cumpla con estas responsabilidades, hacía hijos, cónyuge, personas con discapacidad o adultos mayores, puede enfrentar de uno a seis años de prisión y multas, además de la posible pérdida de derechos de patria potestad o tutela, entre otras consecuencias legales.
La falta de pensión alimenticia suele presentarse tras separaciones o divorcios Foto: Canva
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La falta de pensión alimenticia surge principalmente en un contexto de ruptura familiar, separación o divorcio, donde la persona obligada deja de cubrir total o parcialmente las necesidades básicas de sus hijos, ex-pareja o familiares dependientes sin causa justificada.
Este incumplimiento se enmarca legalmente como una violación a las obligaciones de asistencia familiar y puede ser considerado una forma de violencia económica.
Los padres son los responsables directos. En caso de divorcio o separación, el padre o madre que no tenga la custodia suele ser el deudor alimentario, pero el otro también contribuye mediante cuidados.
Cabe mencionar que, en caso de que el deudor alimentario carezca de medios para la contribución de la pensión alimenticia, la obligación puede trasladarse a otros parientes colaterales.
Padres y madres tienen la obligación legal de garantizar la pensión alimenticia Foto: Canva
