La División Ambiental Nuevo León reporta más de 300 detenciones por delitos ambientales y miles de acciones en su primer año de operación.
A un año de su creación, la División Ambiental de Nuevo León reportó resultados en materia de inspección, vigilancia y atención a denuncias, con más de 300 detenciones por delitos ambientales y miles de acciones para combatir prácticas que afectan al entorno natural.
La estrategia, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente estatal, reúne a más de mil elementos de diez dependencias con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y garantizar a las familias neoleonesas el derecho a vivir en un entorno sano.
El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que la creación de la División Ambiental permitió establecer un modelo de coordinación considerado único en el país, al integrar distintas áreas de gobierno para responder ante problemáticas ambientales.
“Hoy podemos afirmar que esta estrategia ha dado logros significativos”, señaló el funcionario al resaltar las acciones realizadas durante el primer año de operación.
Entre los principales resultados presentados se encuentran:
La dependencia señaló que las acciones de vigilancia buscan frenar actividades que dañan los ecosistemas, desde la contaminación hasta el manejo irregular de residuos y casos de maltrato animal.
Con operativos de inspección y atención ciudadana, las autoridades buscan enviar un mensaje contra quienes incumplen las normas ambientales: las afectaciones al entorno tendrán consecuencias legales.
La División Ambiental opera mediante la coordinación de diversas instituciones estatales, lo que permite atender reportes y realizar intervenciones de manera más rápida en zonas donde se identifican riesgos ambientales.
Además de las inspecciones, el programa contempla la atención de denuncias ciudadanas, la recuperación de espacios afectados por contaminación y el seguimiento de casos relacionados con delitos contra la naturaleza.
Las autoridades estatales han señalado que la participación de la ciudadanía es clave para detectar irregularidades, por lo que mantienen canales de reporte para informar sobre posibles daños ambientales.
