Por ahora, Lozoya Austin permanecerá en liberta mientras sus medidas cautelares serán determinadas el próximo 9 de julio
Este miércoles 8 de julio, una jueza determinó vincular a proceso a Gilda Susana “N” por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculado al caso de corrupción de Agronitrogenados.
La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, (quien ha afirmado que su captura es “un asunto político”) fue detenida el pasado 2 de julio luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera una orden de aprehensión en su contra. La institución la vincula con esta red al ser presuntamente beneficiaria de una empresa fachada desde la que se desviaron recursos.
La jueza de control, Nora Ileana García Peralta, perteneciente al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, determinó que existían las pruebas suficientes para que la hermana del funcionario fuera llevada a juicio.
De esta forma, falló por vincularla a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien deposite del extranjero con conocimiento de que proviene de origen ilícito.
La decisión fue tomada tras una extensa sesión que se prolongó desde las 09:00 horas del martes 7 de julio hasta los primeros minutos de este 8 de julio.
Por su parte, la FGR señaló en un comunicado, horas después de tomada la decisión de la jueza, que su personal presentó 54 datos de prueba durante la audiencia, así como argumentó la imputación en el debate que sostuvo con la defensa, los cuales fueron “suficientes y contundentes” para el fallo.
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Pese a la resolución, la definición formal de las medidas cautelares para Gilda Susana “N” quedó pendiente de ser resuelta hasta una próxima audiencia que se realizará el jueves 9 de julio a las 09:00 horas.
Debido a esto, por el momento la imputada permanecerá en libertad. Esto luego de que la juzgadora desestimara la petición de la FGR de dictar prisión preventiva, al argumentar que el Ministerio Público federal no logró acreditar un riesgo de sustracción de la justicia.
Aunado a ello, la jueza otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
En consonancia con las primeras declaraciones de Gilda Susana “N”, su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, calificó la detención de su clienta como un asunto político impulsado desde la presidencia.
“Que no les corra prisa para querer meterla a la cárcel; eso es una vulgaridad”, dijo el litigante tras la petición de la FGR de imponerle a su defendida prisión preventiva, según recogió el diario Milenio.
Según declaró ante los medios al salir de la audiencia, en el acto judicial le señaló a la jueza que no existía evidencia de que su clienta hubiera recibido los recursos de los que se le acusa, ya que en aquel momento era estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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Según las indagatorias de la FGR, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana “N” recibió 3.4 millones de dólares en una cuenta bancaria a nombre de la empresa fachada Tochos Holding Limited, abierta en Ginebra, Suiza.
Emilio Lozoya Austin habría cedido la titularidad a su hermana con el fin de borrar la ruta del dinero, el cual provenía de Altos Hornos de México (AHMSA), corporación que entonces encabezaba Alonso Ancira Elizondo.
Así, desde el país europeo, los recursos habrían sido triangulados de regreso a territorio nacional para su distribución. La indagatoria detalla que Tochos Holding recibió dichos fondos mediante cinco transferencias bancarias millonarias y, posteriormente, la propia imputada transfirió montos menores a diversas personas en México.
Aunque la juzgadora validó los hechos presentados por la FGR, modificó la tipificación del delito: determinó que la conducta atribuible a la acusada se encuadra específicamente en la hipótesis de depositar recursos desde el extranjero hacia el país con el fin de ocultar su origen, descartando el esquema general de lavado de dinero que planteó originalmente la fiscalía.
La acusación apunta a que Gilda Susana operó como prestanombres de la empresa fachada para encubrir la red de corrupción. Este engranaje financiero se activó antes de que Emilio Lozoya asumiera la dirección de Pemex, por lo que los depósitos de AHMSA son señalados como sobornos anticipados.
El objetivo del pacto era garantizar que, una vez en el cargo, el exfuncionario favoreciera la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por un monto de 275 millones de dólares, una cifra que superaba drásticamente su valor real.
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