Conagua informó que empresas acumulan adeudos presuntivos por casi 12 mil millones de pesos y llamó a regularizar concesiones
La presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentaron una serie de irregularidades detectadas tras la aprobación de la nueva ley de aguas, entre ellas un presunto mercado negro del recurso, adeudos millonarios de empresas y concesiones utilizadas para fines distintos a los autorizados.
Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de marzo, se destacó que el objetivo principal de la reforma es eliminar privilegios y evitar la transmisión irregular de derechos de agua que durante años permitió su comercialización y acaparamiento.
El titular de Conagua explicó que la antigua legislación permitía que concesiones agrícolas, que no pagan derechos por el uso del agua, fueran utilizadas para actividades lucrativas. “La ley elimina las transmisiones entre particulares […] nos permite terminar con el mercado negro del agua”, señaló.
Entre las prácticas detectadas se encuentran:
Sin embargo, aseguró que el nuevo marco legal permite sancionar, clausurar y cancelar concesiones en estos casos.
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Uno de los casos expuestos fue el de la familia Calzada, en Querétaro, que contaba con concesiones de uso agrícola que no pagaban derechos.
Según las autoridades, el agua era utilizada para vender pipas y abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo, en lugar de producir alimentos.
El director de Conagua expuso varios casos de prácticas irregulares en concesiones de aguas. Foto: Presidencia
“Tenían concesiones de agua para riego agrícola […] pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para vender pipas o abastecer un lugar residencial”, explicó Sheinbaum.
La concesión fue retirada y el aprovechamiento ha sido clausurado en dos ocasiones. Además, señalaron al diputado Mario Calzada quien votó en contra de la iniciativa de la mandataria y se beneficiaba de estas irregularidades.
Conagua informó que una refresquera, de la que se evitó dar su nombre, presenta un adeudo presuntivo de 234 millones de pesos, derivado de concesiones sin pago, sobreexplotación de volúmenes y falta de medidores.
De acuerdo con la dependencia, la empresa ya realizó un pago parcial de 52 millones y se encuentra en proceso de regularización. “Se han acercado a la comisión para regularizar su situación”, señaló Morales López.
Uno de los casos destacados fue uno en Querétaro, cuya conseción para uso agrícola era empleada para vender pipas, entre otros usos no autorizados. Foto: Presidencia
En otro caso, una embotelladora de agua fue detectada con irregularidades como:
Efraín Moralesa aseguró que la empresa comenzó a regularizar su situación y ha realizado pagos parciales.
Conagua informó que existe un adeudo presuntivo de casi 12 mil millones de pesos por parte de diversas empresas que no han regularizado sus concesiones.
El titular del organismo hizo un llamado a que las compañías se acerquen a la institución. “Tenemos un adeudo presuntivo de casi 12 mil millones en empresas que, de no regularizarse, van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos”, advirtió.
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Durante la presentación también se expusieron casos de:
De acuerdo a Conagua, diversas empresas acumulan un adeudo de cerca de 12 millones de pesos. Foto: Presidencia
Se detalló que en estos casos, la nueva ley permite sanciones económicas, clausuras e incluso prisión para quienes lucren con el agua.
Sheinbaum explicó que ahora las concesiones que no se utilizan regresarán a Conagua para ser entregadas a quienes realmente necesiten el recurso. “Era la especulación del agua […] ahora regresa toda esa concesión a Conagua y se puede otorgar a quien realmente va a utilizar el agua”, señaló.
La presidenta explicó que la reforma pretende garantizar que el acceso al agua se rija bajo principios de igualdad y justicia social, evitando que particulares se beneficien de concesiones otorgadas para otros fines.
El nuevo marco legal prohíbe la transmisión de derechos entre particulares, limita el acaparamiento y permite que pequeños productores y comunidades recuperen el acceso al recurso.
Además, se entregarán por primera vez derechos de explotación de agua directamente a municipios de Baja California, eliminando intermediarios que anteriormente comercializaban el recurso.
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