Dos policías de Jalisco fueron separados de sus funciones por presunto uso excesivo de la fuerza durante la marcha por el agua.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco separó de sus funciones a dos policías estatales señalados por presuntamente utilizar fuerza excesiva durante la marcha por el agua limpia realizada el domingo 11 de octubre de 2026 en Guadalajara.
Ambos elementos fueron identificados a partir de videos y fotografías difundidos en redes sociales, donde quedaron registradas distintas intervenciones policiales durante los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones de Casa Jalisco.
La dependencia informó que los agentes quedaron sujetos a una investigación de la Dirección de Asuntos Internos y permanecerán fuera de servicio mientras se determina si incurrieron en alguna responsabilidad administrativa o legal.
La decisión ocurre un día después de que el gobernador Pablo Lemus reconociera públicamente que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas durante la manifestación, además de anunciar una revisión del operativo de seguridad.
La Secretaría de Seguridad estatal informó que los dos agentes fueron identificados por su presunta participación en actos de violencia contra manifestantes que exigían soluciones a los problemas de calidad del agua en Guadalajara.
Los elementos fueron puestos a disposición de Asuntos Internos, instancia encargada de revisar su actuación y determinar si incumplieron los protocolos establecidos para intervenir durante manifestaciones públicas.
Uno de los uniformados fue señalado por haber participado en agresiones particularmente violentas contra los asistentes. Las imágenes difundidas en redes sociales forman parte de los elementos que deberán revisarse para esclarecer las circunstancias de su intervención.
También circularon fotografías de un policía que portaba un parche con una calavera en su uniforme. Algunos usuarios señalaron que el diseño se asemejaba a símbolos asociados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no existe información oficial que permita establecer alguna relación del agente con esa organización criminal.
La investigación deberá determinar las circunstancias de cada intervención y establecer si existieron violaciones a los protocolos policiales. Hasta ahora, la separación de funciones no representa una sanción definitiva ni acredita la responsabilidad de los elementos.
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El gobernador de Jalisco reconoció el martes 13 de octubre que el operativo de seguridad desplegado durante la protesta presentó graves deficiencias y que la situación se salió de control en los momentos de mayor tensión.
Lemus admitió que existieron actuaciones indebidas de policías estatales y detenciones que no debieron ocurrir. También anunció investigaciones para identificar a los responsables y determinar las sanciones correspondientes.
El reconocimiento llegó después de que se difundieran numerosas grabaciones de los enfrentamientos. En ellas se observan momentos en los que los agentes utilizaron chorros de agua, gases lacrimógenos y fuerza física contra participantes de la movilización.
Durante los hechos fueron detenidas 39 personas, algunas de las cuales permanecieron bajo custodia mientras la Fiscalía estatal revisaba las acusaciones relacionadas con los disturbios.
Como informó POSTA México, siete detenidos fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, antes de que el Gobierno estatal anunciara posteriormente la liberación de todas las personas arrestadas.
La actuación de las autoridades también generó cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados durante las detenciones y la atención brindada a quienes denunciaron agresiones.
La manifestación comenzó en la Glorieta Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde ciudadanos exigieron soluciones a los problemas de calidad del agua que reciben en sus hogares.
Durante los últimos meses, habitantes de distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara habían denunciado que el suministro llegaba con sedimentos, malos olores y tonalidades oscuras.
La inconformidad creció después de que vecinos reportaran dificultades para utilizar el agua en actividades cotidianas. Desde días antes, POSTA México había documentado la convocatoria a una megamarcha para exigir agua limpia en Guadalajara.
La movilización terminó en enfrentamientos cuando algunos participantes derribaron vallas de seguridad y lanzaron objetos contra los agentes desplegados en el lugar.
Los policías respondieron utilizando agua a presión y gases lacrimógenos. Posteriormente comenzaron a circular testimonios y grabaciones que mostraban presuntas agresiones contra manifestantes, lo que provocó exigencias de investigar la actuación de los cuerpos de seguridad.
Aunque las autoridades reconocieron errores en el operativo, la revisión de los hechos deberá distinguir las conductas de cada persona involucrada y establecer las responsabilidades correspondientes.
Los dos agentes permanecerán separados de sus funciones mientras la Dirección de Asuntos Internos realiza las investigaciones correspondientes.
Las autoridades deberán revisar las grabaciones, los testimonios y los informes relacionados con el operativo para determinar si existen elementos suficientes para aplicar sanciones administrativas o dar vista a otras instancias.
Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones de policías relacionadas con estos hechos ni se ha confirmado oficialmente cuántos agentes adicionales podrían ser investigados.
La identificación de los primeros dos elementos representa un avance en la revisión del operativo, pero todavía quedan pendientes las conclusiones de las investigaciones y las posibles medidas de reparación para las personas afectadas.
