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Ocho personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro agravado de dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes desaparecieron el pasado 26 de junio de 2026 en la zona limítrofe entre los estados de Puebla e Hidalgo.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones a través de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, logrando la captura de los sospechosos tras desplegar diversos operativos en la región.
¿Quiénes son los detenidos por la FGR?
Según las autoridades se identificó a los presuntos responsables como Anaid “N”, Xóchitl “N”, Luis “N”, Carlos “N”, Moisés “N”, Jesús “N”, Valeria “N” y Litzi “N”, y que ya fueron vinculados a proceso.
"Tras aportar los datos de prueba suficientes, la persona del Ministerio Público Federal (MPF), adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo de la autoridad judicial vinculación a proceso por el delito mencionado", exponen.
¿Quiénes son los trabajadores de la CFE desaparecidos?
Las víctimas de este crimen fueron identificadas por sus familiares y las autoridades como:
Adolfo López Saldaña, de 40 años.
Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años.
Ambos empleados se encontraban en la zona cumpliendo con sus jornadas laborales habituales cuando se reportó la pérdida total de comunicación con ellos.
Así ocurrió la desaparición en la carretera Tulancingo-Huauchinango
De acuerdo con los reportes oficiales del caso, los dos electricistas fueron vistos por última vez en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. Los trabajadores realizaban labores técnicas de mantenimiento y reparaban una falla mecánica en un vehículo oficial sobre la carretera federal Tulancingo-Huauchinango.
Horas más tarde, las camionetas de la CFE asignadas al personal fueron localizadas en calidad de abandono en un camino de terracería cercano, lo que encendió las alarmas de las corporaciones de seguridad locales y federales.
Avances de la FGR y situación jurídica de los detenidos
Ante la gravedad del suceso, la FGR intervino de manera directa en el caso; tras recabar los elementos de prueba iniciales, un juez federal determinó vincular a proceso a los ocho implicados bajo el cargo de secuestro agravado.
A los imputados se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras concluye el plazo fijación para la investigación complementaria.
A pesar de las detenciones y el desmantelamiento de la célula criminal involucrada, las autoridades federales no han emitido un informe oficial sobre el paradero o estado de salud actual de Adolfo López y Marco Antonio.
Los operativos de búsqueda e inspección en la zona serrana continúan activos.