La SCJN compró nueve camionetas Jeep Cherokee para ministras y ministros, argumentando criterios de seguridad y apego a la normatividad vigente.
Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenarán vehículos oficiales, luego de que el máximo tribunal anunció la adquisición de una nueva flotilla de nueve camionetas, apenas cinco meses después de que asumieron funciones.
De acuerdo con una tarjeta informativa, la SCJN señaló que la decisión se tomó con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y proteger la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.
La actualización del parque vehicular contempla la compra de nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministra y ministro que integra el máximo órgano jurisdiccional del país.
Según lo informado por la Corte, las unidades adquiridas tienen un precio que oscila entre 1 millón 69 mil y 1 millón 777 mil pesos por vehículo, sin considerar posibles adecuaciones adicionales, como el blindaje.
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La SCJN explicó que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios de seguridad, lo que representaba un riesgo para la protección de las y los ministros.
Por ello, se determinó que su continuidad comprometía la operación y las labores de seguridad institucional.
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El tribunal indicó que la adquisición se realizó conforme al Acuerdo General de Administración 2019, el cual establece que los vehículos asignados a la Dirección General de Seguridad deben renovarse cada cuatro años o antes, cuando su estado ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios.
Asimismo, aseguró que el proceso se llevó a cabo en estricto apego a la normatividad vigente y con respaldo técnico de autoridades federales.
Foto: X (@SCJN)
La Suprema Corte señaló que la adquisición de las nuevas unidades se realizó de manera simultánea con la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar gastos adicionales y garantizar un uso racional de los recursos públicos.
En su comunicado, el máximo tribunal afirmó que con esta acción reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público, sin comprometer las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.
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