La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma para acabar con las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios.
No es ninguna novedad que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha impulsado una reforma constitucional para acabar con las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos.
Sin embargo, pocos saben lo que hay detrás de esta iniciativa y cuál es su objetivo principal por el que la mandataria busca terminar con estos "privilegios".
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En el debate público de México, el término “pensiones doradas” se utiliza para describir jubilaciones o pensiones otorgadas a exfuncionarios públicos que reciben montos considerablemente altos en comparación con el promedio de los trabajadores. Estas prestaciones suelen derivarse de regímenes especiales aprobados en distintos momentos por instituciones gubernamentales.
Durante años, las llamadas pensiones doradas se asociaron principalmente a exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdirectivos de organismos públicos y algunos exfuncionarios de alto nivel. En ciertos casos, estos beneficios incluían ingresos mensuales elevados, además de prestaciones adicionales como seguros, personal de apoyo o vehículos.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum pretende establecer un límite para que ninguna pensión financiada con recursos públicos supere el 50% del salario presidencial, lo que equivaldría a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
De acuerdo con el gobierno federal, la medida responde a principios de austeridad y busca evitar privilegios económicos que, en algunos casos, han permitido a exfuncionarios recibir hasta cientos de miles o incluso un millón de pesos al mes después de dejar sus cargos.
La administración de Sheinbaum argumenta que estas pensiones representan un gasto elevado para el Estado. Con la reforma, el Ejecutivo calcula un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales y políticas de bienestar.
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En primer lugar, la iniciativa debe ser discutida y aprobada por mayoría en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, dependiendo de dónde haya sido presentada.
Posteriormente, el proyecto debe pasar a la otra cámara para su análisis, discusión y votación.
Una vez aprobada por el Congreso, la reforma debe ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales del país. Finalmente, el decreto se envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso con el que la medida entra formalmente en vigor.
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