El decreto del “Plan B” de la reforma electoral fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con cambios a la Constitución que impactan ayuntamientos, congresos estatales y órganos electorales
El decreto conocido como el “Plan B” de la reforma electoral fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, tras su aprobación por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales.
El documento contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de modificar la estructura de los gobiernos locales, establecer límites presupuestales y regular las condiciones de las autoridades electorales.
La reforma fue promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y entrará en vigor a partir del viernes 24 de abril de 2026. Foto: X (@CNNEE)
En materia municipal, la reforma establece que cada ayuntamiento será integrado mediante elección popular directa y tendrá un máximo de 15 regidurías. Además, refuerza principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género como ejes obligatorios en la conformación de los gobiernos locales.
Uno de los puntos más relevantes es la prohibición del nepotismo, ya que no podrán contender por la presidencia municipal, regidurías o sindicaturas aquellas personas que tengan vínculos familiares, de matrimonio o concubinato con el titular saliente, con el objetivo de evitar la continuidad de grupos de poder dentro de las administraciones.
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En el caso de los congresos locales, el artículo 116 introduce medidas enfocadas en la austeridad y el control del gasto público. Se establece que sus presupuestos no podrán exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal, lo que busca fortalecer la disciplina financiera en las legislaturas.
Asimismo, se prohíbe la reelección inmediata de diputados locales, aunque se permite que los suplentes puedan postularse como propietarios si no ejercieron el cargo.
Se establecen límites al presupuesto de los congresos locales y a los salarios de autoridades electorales. Foto: X (@ZonaFrancaMX)
También se incorpora la restricción para que personas con vínculos familiares directos con diputados en funciones puedan competir por estos cargos, como parte de las medidas para frenar el nepotismo.
En cuanto a remuneraciones, el artículo 134 fija límites claros para consejeros electorales y magistrados, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los del titular del Ejecutivo federal, en línea con lo establecido en la Constitución.
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Además, se restringe el acceso a beneficios adicionales como seguros médicos privados, pensiones especiales u otras prestaciones que no estén contempladas por la ley, con la intención de reducir privilegios dentro de los órganos electorales.
El Instituto Nacional Electoral, junto con los organismos públicos locales electorales y los tribunales estatales, deberá adecuar sus normas internas para alinearse con los nuevos lineamientos establecidos en el decreto.
La reforma ha generado debate en el Congreso de la Unión entre quienes la respaldan y quienes advierten riesgos. Foto: X (@cadenapolitica)
De igual forma, se contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado en un 15 por ciento real durante los próximos cuatro años, sin afectar los derechos laborales adquiridos. Los recursos que se generen a partir de estas medidas serán canalizados a obras de infraestructura pública en estados y municipios.
La publicación del decreto ha generado un intenso debate en el Congreso de la Unión. Mientras que sus impulsores aseguran que promueve la transparencia, la paridad de género y pone límites a los excesos presupuestales, la oposición ha señalado que podría representar un riesgo de debilitamiento para los organismos electorales autónomos.
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El decreto establece que cualquier disposición que se oponga a los nuevos preceptos será derogada automáticamente, y que los actos que los contravengan serán considerados nulos de pleno derecho. Además, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar sus leyes antes del 30 de mayo de 2026.
También se precisa que aquellos ayuntamientos y congresos locales que ya cumplan con los límites de gasto y composición no podrán ampliarlos, salvo en casos de actualización por inflación.
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