La publicación de un protocolo policial para manifestaciones en Morelos, previo al 8M, generó críticas de colectivas feministas que temen posibles restricciones al derecho a la protesta.
A pocas horas de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Morelos publicó un protocolo de actuación policial para manifestaciones, medida que ha generado críticas de colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos que temen posibles restricciones al derecho a la protesta.
El documento fue difundido en el Periódico Oficial del estado en vísperas de las marchas del 8 de marzo, fecha en la que miles de mujeres suelen movilizarse para exigir justicia por feminicidios, desapariciones y violencia de género.
De acuerdo con activistas y organizaciones civiles, el protocolo establece lineamientos para la intervención de fuerzas de seguridad durante protestas, lo que, afirman, podría abrir la puerta a acciones que limiten la libre manifestación.
Las colectivas señalan que algunas disposiciones permitirían a las autoridades actuar ante situaciones consideradas como alteraciones al orden público, lo que podría derivar en intervenciones policiales o incluso detenciones durante las marchas.
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Ante ello, defensoras de derechos humanos advirtieron que estas medidas podrían inhibir la participación de mujeres y colectivos en las movilizaciones convocadas para el 8M.
Diversos colectivos han señalado que el protocolo podría dar margen a interpretaciones amplias por parte de las autoridades, especialmente en lo relacionado con el control o dispersión de manifestaciones.
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Las críticas también se centran en el momento en que fue publicado el documento, ya que ocurrió justo antes de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, una de las movilizaciones sociales más importantes del año.
Organizaciones civiles alertaron que se mantendrán vigilantes para evitar detenciones arbitrarias o abusos de autoridad durante las protestas.
Por su parte, el gobierno estatal sostuvo que el objetivo del protocolo es garantizar la seguridad durante las manifestaciones y proteger los derechos humanos de las participantes.
Las autoridades afirmaron que las marchas representan un ejercicio legítimo de libertad de expresión y participación democrática, por lo que se implementarán medidas para resguardar la integridad de las asistentes.
También se prevé el despliegue de elementos de seguridad, incluidas mujeres policías, además de la coordinación con autoridades municipales para vigilar las movilizaciones que se realicen en la entidad.
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Organismos de derechos humanos anunciaron que realizarán labores de observación durante las movilizaciones para garantizar que se respete el derecho a la protesta y que no se registren abusos por parte de las autoridades.
En medio del debate, colectivas feministas reiteraron que las marchas del 8M buscan visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y exigir políticas públicas efectivas para erradicarla.
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