El país dedica una proporción mínima de su presupuesto al agua, pese a que millones de personas carecen del acceso. Nuevo León aprendió que esperar la lluvia no puede ser una política pública.
En México, el agua no siempre se administra con la urgencia que exige la sequía, sino con el ritmo que marca la política. Mientras las lluvias son cada vez más impredecibles y las ciudades crecen más rápido que sus redes de abasto, la inversión pública sigue privilegiando las obras visibles sobre aquellas que sostienen la vida cotidiana: tuberías, plantas potabilizadoras, drenajes, sistemas de reúso y mantenimiento subterráneo.
La paradoja es dura: el agua es el recurso más indispensable para la vida, la economía, la salud pública y el desarrollo urbano, pero también uno de los servicios menos rentables en términos electorales. Invertir en infraestructura hídrica implica apostar por obras que casi nadie ve, cuyos beneficios pueden tardar años en sentirse y que, en muchos casos, quedan enterradas a tres metros de profundidad.
La crisis hídrica de 2022 obligó a Nuevo León a acelerar obras y replantear su estrategia de abasto para las próximas décadas. Foto: Jafet Moz.
En la lógica política mexicana, lo que no se ve, difícilmente se presume. Y lo que no se presume, pocas veces gana votos.
Pero Nuevo León aprendió a la fuerza.
La crisis hídrica de 2022 convirtió a Monterrey y su zona metropolitana en una postal de emergencia: familias formadas durante horas para llenar cubetas, tambos y garrafones; colonias enteras sin suministro; presas en niveles mínimos y una ciudad industrial obligada a reconocer que su crecimiento dependía de un recurso que había sido tratado como inagotable.
A partir de esa sacudida, el estado modificó su ruta. Mientras en gran parte del país el presupuesto para el agua se reduce o se administra con visión de corto plazo, Nuevo León se convirtió en una excepción: no porque haya estado preparado, sino porque la crisis fue tan profunda que no dejó margen para seguir postergando decisiones.
La tensión entre la necesidad real de invertir en agua y el bajo rendimiento político de estas obras puede resumirse en un dato: para 2026, la Comisión Nacional del Agua opera con uno de los presupuestos más bajos de la última década, en un contexto donde el país enfrenta condiciones cada vez más extremas de calor y sequía.
Al inicio de la década, durante el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto de la Conagua superaba los 25 mil millones de pesos, equivalente al 0.12 por ciento del Producto Interno Bruto. Esa cifra estaba lejos del 0.26 por ciento asignado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el gasto anual rondaba los 60 mil millones de pesos.
En 2023, el presupuesto de la comisión alcanzó un nivel histórico de 93 mil millones de pesos, impulsado principalmente por proyectos como las obras de agua en La Laguna y el acueducto El Cuchillo II, en Nuevo León. Sin embargo, el repunte fue breve: en 2024 el monto cayó a 62 mil 600 millones de pesos.
La sequía de 2022 dejó presas en niveles mínimos y expuso la vulnerabilidad de una ciudad que había crecido más rápido que su infraestructura hídrica. Foto: Jafet Moz.
El recorte más drástico llegó en 2025, primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, cuando la Conagua recibió 37 mil 119 millones de pesos, una disminución cercana al 40 por ciento. Para 2026, el incremento fue de apenas 600 millones de pesos adicionales, lo que representa sólo el 0.10 por ciento del PIB.
La cifra contrasta con las recomendaciones de organismos internacionales, que ubican la inversión ideal en agua en al menos 0.50 por ciento del PIB. En términos simples, México estaría destinando cinco veces menos recursos de los necesarios para atender uno de sus desafíos más urgentes.
El contraste presupuestal también revela prioridades. Mientras los programas del Bienestar recibirán en 2026 recursos equivalentes a hasta 3.0 por ciento del PIB, la inversión en agua representa apenas una fracción del gasto público nacional.
En la práctica, el país dedica 19 centavos de cada 100 pesos del presupuesto al agua, una proporción insuficiente para garantizar plenamente el derecho humano al líquido, especialmente para los millones de personas que no cuentan con acceso regular, suficiente o de calidad.
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El verano de 2022 marcó un antes y un después para Nuevo León. La presa Cerro Prieto llegó a 0.7 por ciento de su capacidad; La Boca, a 22 por ciento. Durante varias semanas, el abasto diario para la zona metropolitana cayó a 3 mil 500 litros por segundo, cuando la demanda superaba los 9 mil.
La crisis golpeó hogares, escuelas, empresas, hospitales y rutinas completas. También exhibió los límites de un modelo urbano que había crecido con mayor velocidad que su infraestructura hídrica.
Lo que pudo convertirse en una catástrofe política para el gobierno estatal se transformó en un punto de inflexión. En mayo de 2022, el gobernador Samuel García presentó el Plan Maestro del Agua, con horizonte al año 2050.
Las lluvias de 2024 aliviaron el nivel de las presas, pero también recordaron que depender del cielo no puede sustituir una política pública de agua. Foto: Jafet Moz.
El plan incluyó acciones de mejora en la red existente, reúso, economía circular del agua, modulación de presiones para reducir fugas y nueva infraestructura física, como el acueducto El Cuchillo II y la presa La Libertad.
Hoy, la capacidad de abasto del área metropolitana de Monterrey alcanza los 16 mil litros por segundo, más de cuatro veces lo disponible durante los días más críticos de la emergencia. Ese cambio convirtió al caso de Nuevo León en referencia nacional e internacional sobre gestión de crisis hídrica.
Sin embargo, la recuperación no puede explicarse sólo por las decisiones de gobierno. Las tormentas tropicales de 2024, entre ellas Alberto, dejaron lluvias intensas que recargaron presas en Nuevo León y en otras regiones del país. Incluso la propia Conagua reconoció que ese alivio respondió más al paso de los meteoros que a una gestión estructural del agua.
Nuevo León demuestra que una crisis puede convertirse en oportunidad de planeación, inversión y corrección institucional. Pero también deja una advertencia: el cambio llegó porque el dolor fue visible, profundo y políticamente imposible de ignorar.
Frente a la falta de recursos públicos, la privatización del agua suele aparecer como alternativa. Sin embargo, la experiencia muestra que concesionar el servicio no elimina la presión política; en muchos casos, la multiplica.
No existe un censo actualizado de todos los organismos operadores concesionados al capital privado, pero el Censo Económico del INEGI de 2019 identificó 166 organismos privatizados entre más de 2 mil 800 existentes en ese año.
Ciudades como Cancún, Boca del Río, Veracruz, Saltillo, Ramos Arizpe y Querétaro cuentan con modelos de operación privada. Pero uno de los casos más complejos es Puebla y su zona metropolitana, donde opera la empresa Concesiones Integrales.
El reto hídrico de México no sólo está en el presupuesto, sino en la capacidad de municipios y estados para planear obras que requieren décadas. Foto: Jafet Moz.
Desde hace un año, los gobiernos estatal y municipal, ambos encabezados por Morena, han planteado recuperar el control del agua potable y el alcantarillado. El problema es el costo: cancelar la concesión implicaría más de 7 mil millones de pesos, recursos que ninguno de los dos gobiernos tiene disponibles.
Mientras tanto, Puebla enfrenta una de sus crisis de escasez más severas. En el Centro Histórico, las pipas privadas forman parte del paisaje urbano, y los recibos elevados por un servicio intermitente alimentan el malestar ciudadano.
En contraste, Orizaba, Veracruz, resistió años atrás la presión para privatizar el servicio. Durante la administración municipal de Juan Manuel Diez, el ayuntamiento fortaleció el cobro del predial y destinó parte de esos recursos a sustituir tuberías, drenajes y conexiones donde se concentraba buena parte de las fugas.
El resultado fue un modelo municipal con tarifas más bajas y control público del servicio. Pero casos como ese son excepcionales.
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La crisis del agua en México no es únicamente presupuestal. También responde a un diseño institucional que coloca una responsabilidad de largo plazo en gobiernos de corto plazo.
La Constitución asigna a los municipios la operación del agua potable, el alcantarillado, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Pero la mayoría de los ayuntamientos opera con presupuestos limitados, capacidades técnicas insuficientes y administraciones de apenas tres años.
Planear agua exige décadas; gobernar municipios, en cambio, se mide en trienios.
Esa contradicción provoca que muchos proyectos se interrumpan, se rediseñen o se abandonen con cada cambio de administración. Pocos alcaldes quieren invertir en obras que no podrán inaugurar. Pocos gobiernos quieren sembrar infraestructura para que otro coseche los resultados.
Invertir en agua rara vez genera obras espectaculares, pero determina la viabilidad de las ciudades y la calidad de vida de millones de personas. Foto: Sheila Gutiérrez.
Las reformas impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum intentan corregir parte de ese problema al incluir el Plan Integral Municipal como requisito para que los ayuntamientos accedan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. La intención es empujar a los municipios a planear mejor.
Pero para muchos gobiernos locales, sin equipos técnicos robustos, planificar sigue siendo visto como un trámite, no como una herramienta de supervivencia urbana.
El mapa político también pesa. Los grandes proyectos hídricos se concentran en entidades con mayor peso electoral o económico: Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Sinaloa y Baja California. Los estados con menor influencia política permanecen en espera.
México no enfrenta una sola crisis de agua. Enfrenta muchas: de presupuesto, de planeación, de infraestructura, de fugas, de desigualdad y de visión política.
Nuevo León ya vivió lo que ocurre cuando el agua deja de salir de la llave. Por eso su experiencia se convirtió en referente. Pero el resto del país parece seguir esperando su propia sacudida.
Y en materia hídrica, esperar a que la crisis sea visible puede ser demasiado tarde.
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