Durante las Comisiones del Senado, los grandes ausentes en la sesión de la Reforma Electoral fueron los senadores del PT
El 24 de marzo, el “Plan B” de la Reforma Electoral fue aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, obteniendo únicamente el respaldo de Morena y el PVEM, mientras que ningún senador del PT, conocido por ser un partido del oficialísimo, acudió a la sesión.
Ahora que ha sido avalado en Comisiones, el dictamen podrá ser discutido y votado en el Pleno del Senado, lo cual será vital para que la iniciativa pueda continuar su proceso legislativo, ya que, como pasó con el proyecto original de la Reforma Electoral, fue en el Pleno de la Cámara de Diputados en donde fue finalmente rechazada.
Ante la ausencia de Gonzalo Yáñez y Liz Sánchez, ambos senadores del PT, y tras tres horas de discusión, el proyecto del “Plan B” avanzó con 24 votos a favor de los partidos oficialistas, frente a los 11 en contra emitidos en bloque por los partidos de oposición; es decir, del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
En ese sentido, la discusión estuvo centrada en la revocación de mandato, planteada para 2027, y la propuesta para reducir y limitar ell número de regidurías de los municipios, al presupuesto de los congresos estatales y a los ingresos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de sus homólogos en las entidades.
Si bien, para pasar de Comisiones el dictamen solo requería de la mayoría simple, en el Pleno del Senado necesitará de la mayoría calificada, lo que significa obtener votos a favor de dos de las terceras partes de la Cámara Alta.
Teniendo en cuenta que el Senado se compone de 128 legisladores y una tercera parte es igual a 42.66, lo que se redondea en 43, dos terceras partes serían 86 senadores.
Previo a concluir la reunión de Comisiones, el senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la coalición de Morena, PT y PVEM se mantiene viva y estará unida en 2027.
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En la discusión, los partidos de oposición se mantuvieron firmes en su postura en contra de la reforma. Por su parte, el senador del Pan, Marko Cortés, rechazó que la reforma busque reducir gastos o privilegios, pues esto recursos, dijo, serán destinados para promover la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El "Plan B" fue avalado con 24 votos a favor y 11 en contra. Foto: Senado de la República
Incluso, el senador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que esta era la iniciativa “más chafa”, enviada en el actual gobierno federa. “Es de una incompetencia la gente que le pasó a firma a la Presidenta. Es la más chafa, pobre precaria, malhecha que ha mandado la Presidenta”, dijo.
Entre las criticas que señalan que la iniciativa es “centralista”, estuvieron las de Carlona Viggiano del PRI, quien afirmó que el proyecto era “una simulación”, pues no es equitativo, ni elimina privilegios, sino que permitirá dar financiamiento público para que Sheinbaum pueda hacer campaña en 2027 para la revocación de mandato. Ante esto, hizo un llamado a los ausentes y dijo: “ojalá no doblen al PT con sus artimañas mafiosas”.
Por su parte, el senador de MC, Luis Donaldo Colosio, anunció que su partido votaría en contra, pues, aseveró, la reforma no es democrática, asegurando que la presidenta podrá promover el voto a su favor durante la revocación de mandato, lo que rompería con la equidad de la contienda.
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Pese a estos señalamientos, el dictamen enviado por el Ejecutivo no tuvo cambios cruciales tras pasar por Comisiones. Sobre la revocación de mandato, se señala que esta podrá realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio de gobierno.
Los senadores de oposición acusaron de centralista el proyecto del "Plan B". Foto: Senado de la República
A pesar de que la bancada del PT rechazó que el proyecto contemple que la revocación de mandato ocurra el mismo día de la elección federal intermedia del 2027 y que la presidenta pueda promover dicha votación, dicho apartado no tuvo cambios.
“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, continúa diciendo en el dictamen.
También, se recupera el principio de paridad de género, como se había denunciado su ausencia al momento de que el proyecto fue enviado, al tiempo que puntualiza que los Congresos locales no podrán incrementar su presupuesto por arriba de la inflación.
Uno de los principales puntos del Plan B es la reducción del número de regidores en los municipios, por lo que la propuesta plantea que los ayuntamientos tengan entre siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo del tamaño de la población.
Se propone, también, que ningún presidente municipal o regidor pueda recibir bonos u otros beneficios adicionales, más allá de su salario.
En el caso de los Congresos locales, se propone establecer un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Sin embargo, la presidenta mencionó que si un congreso ya se encuentra por debajo de ese porcentaje, sólo podrá aumentar su presupuesto en términos reales; si está por encima, deberá reducirlo.
También, en la iniciativa de contempla limitar las remuneraciones de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos locales, de modo que no puedan recibir salarios superiores al de la presidenta de la República.
Asimismo, se propone eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores u otros ingresos extra.
Igualmente, el proyecto incluye nuevas medidas de fiscalización para los partidos políticos, como la obligación de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, así como reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante sistemas bancarizados.
En este mismo rubro, establece que ningún dirigente partidista podrá ganar más que la presidenta y se refuerzan los mecanismos para evitar financiamiento irregular en campañas, incluyendo la prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable o provenientes del extranjero.
La propuesta también permitiría que el INE solicite apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el origen de recursos cuando lo considere necesario. Cabe mencionar que en el caso del Senado, también se prevé una reducción progresiva del gasto hasta llegar al 15%.
En cuanto a la revocación de mandato, la propuesta señala que esta podrá realizarse en el tercer o cuarto año de mandato, actualmente está solo para el cuarto año de gobierno; es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de cuándo lo solicite la ciudadanía.
Las modificaciones incluyen reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
Adicionalmente, se propone que el cómputo de votos federales comience en cuanto llegue el primer paquete electoral, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral.
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