La Cámara de Diputados aprobó en lo general el “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea reducir presupuestos de congresos estatales, regidores y salarios de autoridades electorales.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado “plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma constitucional que plantea reducir presupuestos de congresos estatales, el número de regidores en ayuntamientos y las remuneraciones de autoridades electorales.
Tras más de cuatro horas de debate, la minuta enviada por el Senado fue avalada con 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano y 102 en contra por parte de PAN y PRI.
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La discusión estuvo marcada por confrontaciones, gritos e insultos entre legisladores, reflejando la polarización en torno a la reforma.
La iniciativa modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para establecer:
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Desde la mayoría legislativa, se defendió que estos cambios buscan consolidar la austeridad republicana y reducir privilegios en el servicio público.
El diputado del PT, Amadeo Espinosa Ramos, señaló que la reforma permitirá liberar recursos para destinarlos a infraestructura, programas sociales y desarrollo regional.
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Por su parte, el morenista Leonel Godoy afirmó que la oposición rechaza sistemáticamente todas las propuestas del gobierno, sin importar su contenido.
Desde el PRI y el PAN, legisladores advirtieron que los ahorros serían mínimos y que la reforma podría afectar la autonomía municipal y debilitar a las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral.
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También cuestionaron que la reducción de regidores impactaría solo a una minoría de municipios, por lo que el beneficio económico sería limitado.
El dictamen fue aprobado en lo general, por lo que ahora pasará a la discusión en lo particular, donde se analizarán reservas presentadas por los legisladores.
El avance del “plan B” refleja el respaldo de la mayoría oficialista a la agenda de austeridad, pero también evidencia la fuerte división política sobre sus alcances e impacto real en el gasto público.
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