La propuesta fue impulsada desde la Comisión de Seguridad en Ramos Arizpe, luego de que se reportara un alza en casos de adolescentes al volante sin licencia ni la edad permitida.
En un intento por reducir riesgos viales y frenar prácticas peligrosas, autoridades de Ramos Arizpe trabajan en una reforma al reglamento de tránsito que contempla sanciones directas a padres o tutores cuyos hijos menores de edad sean detectados conduciendo vehículos.
La propuesta, impulsada desde la Comisión de Seguridad municipal, busca establecer responsabilidades legales claras para las familias, ante el incremento de casos de adolescentes al volante sin licencia ni la edad permitida. El proyecto aún debe pasar por revisión normativa, pero ya perfila un cambio importante en la forma en que se atiende esta problemática.
Además de las multas económicas, la iniciativa contempla la colaboración con instancias de protección infantil y campañas de concientización en escuelas, con el objetivo de atacar el problema desde su raíz: la permisividad en el entorno familiar.
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El planteamiento surge como respuesta a una creciente preocupación por la presencia de menores manejando automóviles y motocicletas en distintas zonas de la ciudad.
En Coahuila, la normativa actual prohíbe que personas menores de edad conduzcan cualquier tipo de vehículo, ya que no existe un esquema de licencias especiales para este grupo. Sin embargo, en la práctica, muchos jóvenes acceden a automóviles o motocicletas facilitados por sus propios padres.
La reforma busca corregir esta situación al trasladar parte de la responsabilidad a los tutores, bajo el argumento de que permitir o tolerar esta conducta constituye una omisión en el cuidado de los menores.
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Aunque los montos específicos aún están en proceso de definición, la iniciativa contempla la aplicación de multas administrativas dirigidas directamente a los padres o responsables legales del menor. Estas sanciones formarían parte del reglamento de tránsito municipal y se aplicarían cuando se detecte a un menor conduciendo.
Además, el plan incluye la posible intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el fin de evaluar si existen omisiones en el cuidado del menor que pudieran derivar en otras medidas de protección.
El enfoque, según autoridades, no es recaudatorio, sino preventivo. La intención es inhibir conductas de riesgo y evitar accidentes que puedan tener consecuencias graves. También se contempla que estas sanciones vayan acompañadas de acciones educativas, reforzando la cultura de legalidad y responsabilidad familiar.
Más allá de las sanciones económicas, el municipio planea desplegar una estrategia integral de concientización dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia. Parte de esta estrategia incluye visitas a instituciones educativas, especialmente de nivel medio superior, donde se informará sobre los riesgos y las implicaciones legales de que menores conduzcan.
El objetivo es generar un cambio cultural, donde se entienda que conducir no es solo una habilidad, sino una responsabilidad que requiere madurez, capacitación y cumplimiento de la ley. Las autoridades también buscan involucrar a directivos escolares para evitar que estudiantes utilicen motocicletas o automóviles como medio de transporte hacia los planteles.
Asimismo, se pretende reforzar la vigilancia en vialidades para detectar casos de menores conduciendo, lo que permitirá aplicar las nuevas disposiciones de manera efectiva una vez que entren en vigor.
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