El Gobierno de México rechazó las conclusiones del informe de la ONU sobre desapariciones forzadas y defendió las acciones implementadas para la búsqueda de personas desaparecidas.
El Gobierno de México expresó su desacuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas y defendió su estrategia nacional de búsqueda de personas.
La postura oficial abre un nuevo capítulo en el debate sobre la respuesta del Estado mexicano ante esta problemática, así como sobre los alcances de las medidas implementadas para localizar a las personas desaparecidas y atender a sus familias.
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El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina, rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención.
Sin embargo, reconoció que existen desafíos pendientes y aseguró que México mantiene una política de diálogo y cooperación internacional para enfrentar esta problemática.
El Comité contra la Desaparición Forzada señaló que, pese a los avances y la información proporcionada por el Estado mexicano desde 2012, persisten graves problemas estructurales relacionados con las desapariciones forzadas en el país.
Ante este panorama, el organismo planteó la aplicación del artículo 34 de la Convención, que contempla llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU cuando se reúnen las condiciones previstas en dicho instrumento.
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El Gobierno de México destacó la operación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la participación de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.
Además, el subsecretario informó que durante el año se había localizado a más de 16 mil personas desaparecidas, la mayoría con vida, y reiteró el compromiso oficial.
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