Es la segunda ocasión en una semana que la gobernadora de Chihuahua fue requerida por autoridades
Este viernes 29 de mayo, ni el senador de Morena, Javier Corral Jurado, ni la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, se presentaron a la audiencia programada ante el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Ambos eran requeridos debido a que el ahora senador impugnó la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de cerrar la carpeta por el presunto secuestro que denunció contra la gobernadora, luego de que en agosto de 2024 agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaran arrestarlo en un restaurante de la capital.
Por parte de la gobernadora, su representación legal estuvo a cargo del equipo de el Roberto Gil Zuarth, quien acudió a la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, donde la mandataria estatal había sido citada.
Según expresó el defensor ante los medios de comunicación, Campos Galván actualmente es blanco de presión política. Pese a que la defensa de ambos acudió, la audiencia se difirió tras de dos horas debido a que Corral Jurado no se presentó.
Al salir de los juzgados, el litigante explicó que la impugnación del morenista podría ser invalidada por completo si vuelve a ausentarse de la nueva cita, lo que provocaría el cierre definitivo del asunto.
“Si no se presenta el próximo martes quedará sin materia la impugnación presentada por él y quedará firme la determinación de no ejercicio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, dijo, según recogió Milenio.
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Ante este escenario, la audiencia entre Corral Jurado y Campos Galván fue diferida para el próximo martes 2 de junio a las 09:45 horas.
En tanto, la defensa del senador, encabezada por el abogado Javier Schütte, afirmó que buscan demostrar que su cliente es víctima de persecución política por parte de autoridades de Chihuahua.
De acuerdo con lo expuesto, esta persecución conforma actos posiblemente constitutivos de diversos delitos de los fueros común y federal, hecho por el cual, según explicó, cuentan con un expediente de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual indaga dichas conductas antes y después de que se intentara detener al senador en agosto de 2024.
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Según el abogado de Campos Galván, quien también es ex senador del PAN, cuando los agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron arrestar a Corral Jurado por el presunto delito de peculado, estos contaban con una orden de aprehensión vigente.
Además, señaló, estos contaban con un oficio de colaboración con la FGJCDMX y estaban acreditados por las autoridades capitalinas. Sin embargo, dijo, Ulises Lara impidió la aprehensión, quien entonces era encargado de despacho de la FGJCDMX y actualmente es titular de la unidad de Asuntos Especiales de la FGR.
“Es decir, el senador Javier Corral pidió formalmente que esta carpeta se trasladara a la FGR justamente para ponerla en manos del señor Ulises Lara, que fue la persona que ayudó a Javier Corral a evadirse de la orden de aprehensión que se pretendía ejecutar. Debo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México negó esta petición, con mucho profesionalismo, con la ley en la mano”, recogió Milenio.
El miércoles 27 de mayo, la gobernadora de Chihuahua acudió a la FGR tras ser citada a declarar como testigo por el caso de la participación en campo de agentes de la CIA en un operativo en su estado.
Aquel día, diversas figuras del PAN la acompañaron en el templete que montaron frente a las instalaciones de dicha instiución en la colonia Doctores de la Ciudad de México, tales como su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera; el senador, Ricardo Anaya; o la alcaldesa, Alessandra Rojo De la Vega.
Tal como trascendió, Campos Galván no rindió ninguna declaración y solo entregó un oficio a la FGR en el que solo daba cuenta que acudió físicamente a las instalaciones en la fecha y hora señaladas en el citatorio.
En esa ocasiónela mandataria estatal dijo ser blanco de persecución política y afirmó haber sido llamada a declarar para que la FGR le armara una acusación.
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