Madres buscadoras presentarán ante la ONU un informe de Amnistía Internacional sobre amenazas, agresiones e impunidad en México.
La búsqueda de personas desaparecidas en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo para miles de mujeres que, además de enfrentar la ausencia de sus familiares, denuncian amenazas, agresiones y falta de protección por parte de las autoridades.
El próximo 19 de octubre de 2026, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos llevarán esta problemática a Nueva York, donde presentarán el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado por Amnistía Internacional.
El documento revela que 97% de las mujeres encuestadas experimentó alguna forma de violencia o afectación relacionada con las labores de búsqueda, mientras que únicamente una minoría cuenta con medidas de protección.
La presentación ocurre en un contexto en el que, según los datos incluidos en el informe, México acumulaba 128 mil 059 personas desaparecidas y no localizadas al cierre de marzo de 2025.
Amnistía Internacional México presentará su investigación el lunes 19 de octubre en el Church Center for the United Nations, en Nueva York, con el propósito de visibilizar los riesgos que enfrentan las mujeres dedicadas a localizar a sus familiares.
El encuentro reunirá a representantes de colectivos, organizaciones civiles y especialistas para abordar las obligaciones del Estado mexicano en materia de búsqueda, protección y acceso a la justicia.
Entre las participantes anunciadas se encuentran Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato; y Desmond Arias, director del Bildner Center.
El documento identifica al menos 234 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país, cuya integración es mayoritariamente femenina.
De las mujeres encuestadas, 65% son madres de personas desaparecidas, aunque también participan hermanas, hijas, parejas y amigas.
La presentación se desarrolla después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activara el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, relacionado con la situación de México.
El tema también ha generado diferencias entre el Gobierno federal y organismos internacionales. POSTA documentó que México respondió a la ONU por los ataques contra personas buscadoras, mientras las organizaciones insisten en la necesidad de reforzar la protección.
El informe señala que 97% de las mujeres encuestadas sufrió alguna violencia o afectación relacionada con sus actividades de búsqueda.
Entre las principales agresiones, 45% reportó amenazas verbales o escritas, 39% extorsiones, 14% ataques físicos y 6% secuestros.
Además, Amnistía Internacional documentó que entre 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares de personas desaparecidas, incluidas 16 mujeres.
Los ataques también han obligado a algunas mujeres a abandonar sus hogares. Según la investigación, 27% cambió de vivienda, 24% se trasladó dentro de su estado y 19% se mudó a otra entidad.
Estos porcentajes corresponden a las personas encuestadas y no deben interpretarse como proporciones de todas las buscadoras del país.
La violencia continúa siendo una preocupación documentada. En septiembre de 2026, POSTA informó sobre una madre buscadora de Veracruz que denunció haber sido golpeada y atacada con una navaja.
Las consecuencias no se limitan a las amenazas. Amnistía Internacional reporta que 79% de las encuestadas presentó problemas de salud durante su experiencia de búsqueda.
La depresión fue mencionada por 73%, el insomnio por 72% y el deterioro general de la salud por 70%.
En el aspecto económico, 66% perdió recursos, 28% dejó un empleo remunerado y 23% reportó haber perdido su vivienda.
Las afectaciones también alcanzan las relaciones personales: 57.3% señaló pérdida de amistades y 56.6% deterioro de sus vínculos familiares.
A ello se suma que 55% denunció haber sufrido revictimización por parte de autoridades, principalmente al tener que relatar repetidamente las circunstancias de la desaparición.
De acuerdo con el informe, solamente 15% de las encuestadas contaba con medidas de protección o estaba incorporada a algún mecanismo de seguridad.
El documento también señala que 46% no recibió apoyo estatal y que únicamente 17% del total de hechos de violencia registrados fue denunciado ante las autoridades.
Amnistía Internacional cuestiona prácticas institucionales como la exigencia de esperar 72 horas para iniciar búsquedas, pese a que no existe una obligación legal de aguardar ese plazo.
En México, el Gobierno federal ha defendido las acciones implementadas para atender las desapariciones y ha rechazado que exista un patrón estatal generalizado de violencia contra personas buscadoras.
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos consideran necesario fortalecer las investigaciones, garantizar la búsqueda inmediata y ofrecer protección efectiva a quienes participan en estas labores.
La presentación del 19 de octubre ante instancias vinculadas con la ONU busca llevar estas exigencias al ámbito internacional y mantener la atención sobre una crisis que afecta tanto a las personas desaparecidas como a sus familias.
