La Cámara Baja de los Estados Unidos equiparó el caso del gobernador de Sinaloa con el presidente depuesto Nicolás Maduro
Este jueves 30 de abril, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmó que casos como el de Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos y funcionarios mexicanos son “solo el principio”, lo que sugiere una política más agresiva en procesos judiciales internacionales contra el narcotráfico.
El pronunciamiento de la Cámara Baja ocurre en respuesta a la acusación formal que la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y la DEA presentaron contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señalan de narcotráfico y de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Las declaraciones fueron emitidas a través de la cuenta oficial de X de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en respuesta a una publicación del diario estadounidense, The Wall Street Journal, en la que se informaba sobre los cargos contra los 10 ciudadanos mexicanos.
“Se acabaron los días de impunidad para los narcoterroristas”, dice al inicio del breve pronunciamiento.
Bajo la categoría que equipara al crimen organizado con el terrorismo, la Comisión señaló que Estados Unidos irá tras los cómplices del tráfico de drogas para hacerlos “rendir cuentas”.
En su mensaje, mencionan el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue secuestrado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en una operación militar sobre territorio venezolano, y el de Rocha Moya. “Esto es solo el principio”, enfatizaron para cerrar su mensaje.
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Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura sobre las acusaciones contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, durante su conferencia matutina de este 30 de abril.
Aunque la mandataria aseguró su disposición a actuar frente a estas acusaciones, condicionó que estas será llevadas a cabo si el gobierno estadounidense presenta "pruebas contundentes e irrefutables" o si la Fiscalía General de la República (FGR) halladas indicios en su propia indagatoria.
Bajo este criterio, aseguró que no se encubrirá a nadie, pero que el proceso deberá realizarse estrictamente bajo la jurisdicción y las leyes mexicanas.
Un eje central del pronunciamiento de Sheinbaum fue la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la injerencia extranjera. La presidenta advirtió que, de no presentarse evidencias claras, las imputaciones serían interpretadas como una estrategia con tintes políticos contra México por parte de las autoridades estadounidenses.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo.
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Los 10 ciudadanos mexicanos acusados este 29 de abril por Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, son:
Los delitos que se le imputan a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, son:
Por estos delitos, pueden tener una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Además de estos cargos, a Juan Valenzuela Millán se le suman los delitos de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer un secuestro con resultado de muerte, por lo que que obtendría una pena obligatoria de cadena perpetua.
El fundamento de las acusaciones de Estados Unidos señala que estos funcionarios y exfuncionarios se asociaron con el Cártel de Sinaloa y, como se afirma, “cada uno” de ellos “ha participado en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”.
De acuerdo a los documentos judiciales estadounidenses, Rocha Moya fue elegido como gobernador de Sinaloa con el apoyo de “Los Chapitos”, pues, según afirmaron, los miembros de esta facción ordenó a sus miembros robar las papeletas con votos de los oponentes del ahora mandatario estatal.
La pena mínima que podría enfrentar el gobernador sería de 40 años de prisión. Foto: X (@rochamoya_)
Asimismo, se afirma que miembros de “Los Chapitos” secuestraron e intimidaron a candidatos de la oposición durante dichas elecciones.
Según esto, Rocha Moya, a cambio y durante “múltiples ocasiones”, antes y después de convertirse en gobernador, asistió a reuniones con líderes de “Los Chapitos” y otros líderes del Cártel de Sinaloa, a quienes el político “prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas”.
Tales reuniones, según se asegura en los documentos, estaban custodiadas por sicarios del cártel, armados con ametralladoras y otras armas.
Asimismo, se acusa que, desde que fue elegido gobernador, Rocha Morya ha permitido a “Los Chapitos” operar con impunidad en Sinaloa, al tiempo que, presuntamente, ha permitido a líderes de esta facción “colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local”, así como en agencias estatales y locales encargadas del orden público.
Por otro lado, se afirma que, funcionarios alineados con “Los Chapitos”, dentro de la administración de Rocha Moya han protegido a esta facción y sus operaciones de tráfico de drogas.
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