La actual acusación contra el exgobernador le podría llevar a una pena de dos a 14 años en prisión
Luego de que se anticipaba que el próximo 15 de abril saliera de la cárcel, la estancia en prisión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se prolongará aún más, tras ser vinculado a proceso por el delito de peculado de cinco millones de pesos que debían ser destinados a personas vulnerables.
Si bien, la defensa buscará echar para atrás la determinación del juez federal, las posibilidades para que el expriísta salga de prisión aún están abiertas, pero un cuanto acotadas.
El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó vincular a proceso a Duarte de Ochoa y le dictó prisión preventiva justificada en su contra hasta que concluya este nuevo proceso, tras una audiencia que se extendió por cerca de 10 horas y medias en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Su determinación ocurrió tras haber aprobado 38 de los 39 elementos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) para sustentar su acusación, por lo que el juez valoró que existen los elementos suficientes que presuntamente demostrarían que el exgobernador desvió millones de pesos que debían haber sido destinados a un Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz en 2012, los cuales eran dirigidos a personas vulnerables, como niños y adultos mayores.
El único elemento desechado, fue una entrevista realizada, el 16 de febrero de este año, por el Ministerio Público a Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del Gobierno de Veracruz y testigo protegido, la cual se desechó, porque esta debió haberse hecho por la defensa del expriísta.
El juez determinó un plazo de seis meses para cerrar la investigación complementaria, tanto para la defensa del exgobernador como para la FGR, la cual concluía el próximo 17 de agosto, que habrán de presentarse a juicio para las acusaciones imputadas dentro de la causa penal 667/2025 de Duarte de Ochoa.
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La defensa de Duarte de Ochoa buscó desechar las declaraciones de Tarek Abdalá, considerando que él fue directo responsable del desvío de recursos que la FGR acusa a su cliente.
Señalaron que sus aseveraciones no mencionan hechos específicos y que en el momento en el que se presume que los actos sucedieron, él no se desempeñaba como tesorero estatal, sino que era director administrativo del Sistema DIF de Veracruz.
La defensa alegó que, a diferencia de lo señalado por la FGR como un elemento de prueba en el caso, el decreto publicado el 19 de diciembre de 2011 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, no ordenaba el uso de recursos federales.
En cambio, dijeron que aquel decreto hacía referencia a aportaciones federales de libre disposición, con lo cual se dio prioridad a que fueran cumplidas las obligaciones del gobierno estatal.
Igualmente, afirmaron que el delito que actualmente se le está imputando prescribió el 8 de octubre de 2020; es decir, había pasado el periodo para que se persiguiera la falta de la que se le acusa.
Por ende, pidió que no se realizara la vinculación a proceso, con efectos de sobreseimiento; es decir, que se suspendiera el proceso judicial. No obstante, el juez refutó tal argumento, señalando que el delito prescribe el próximo 31 de agosto de este año.
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Al terminar la audiencia y ante los medios que ahí se encontraban, uno de los abogados del exgobernador, Pablo Campuzano de la Mora, dijo ante medios que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), pues el juez le corrigió “la plana” a la FGR en cuanto a la acusación contra su cliente.
“Simplemente, personas dijeron que se distrajo, lo acusaron de haber publicado un decreto en la Gaceta del Estado y, ulteriormente, el juez, al ver que esa Gaceta no aplicaba para el caso por una confusión de inicio y de origen de la propia Fiscalía, decidió, de alguna manera, corregirles la plana de manera, a mi parecer, muy torpe”, dijo.
A estas palabras, agregó: “aún y cuando usamos los medios que la ley prevé como una aclaración, que fue lo que hicimos valer al final de la audiencia, ni siquiera el juez nos pudo contestar qué fue exactamente lo que hizo. Porque tenemos claras varias cosas. Uno, nadie se embolsó un peso del Estado, no se dirigió a una empresa fantasma, a un funcionario, a un familiar, a un beneficiario directo o indirecto, cosa que quedó clara”.
Además de estas declaraciones, el abogado dio a conocer que solicitarán una audiencia días antes de la próxima para el caso, para solicitar el cambio de medida cautelar para el exgobernador.
Duarte de Ochoa permanece preso en el Reclusorio Norte desde 2017 y el próximo 15 de abril concluirá su condena de 9 años de prisión, tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La defensa del exgobernador analiza presentar una queja contra el juez de control. Foto: X (@Javier_Duarte)
Ante la nueva acusación, que podría llevarle a una pena de dos a 14 años de prisión, aquella liberación ha quedado suspendida. No obstante, las posibilidades para que pueda echar para atrás este proceso dependerá de si su defensa puede comprobar si se violó alguna garantía, por mínima que sea, a su cliente.
Teniendo en cuenta los 38 datos de prueba admitidos, y ante los posibles que se puedan agregar dentro del proceso de investigación complementaria, los abogados deberán buscar cómo revertirlos a través de amparos.
No obstante, en caso de que lograran echar para atrás el actual proceso, y como en diciembre reveló Milenio, la FGR buscaría acusarlo de otras investigaciones que tienen en curso contra el expriista.
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