El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó ante una jueza federal el beneficio de libertad anticipada.
Una auténtica conmoción en los diferentes sectores sociales veracruzanos causó en la ciudad de Xalapa la noticia de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó su libertad anticipada y que, incluso, un juez federal se la podría conceder.
La información difundida este 5 de noviembre por el diario El País, y fue retomada por los medios locales debido a la importancia que tiene para la clase política y económica local la posible excarcelación de “JaviDu”.
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Esta posibilidad legal se produjo después de que en noviembre de 2024 el exmandatario cordobés fuera absuelto del delito de desaparición forzada, un cargo que anteriormente impedía su acceso a beneficios penitenciarios.
Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz por el PRI de 2010 a 2016. Su mandato estuvo marcado por graves acusaciones de corrupción, el más sonado fue el de pagar jeringas con agua y hacerlas pasar por tratamientos para niños con cáncer.
Por ello, el Gobierno de Veracruz pagó una cantidad millonaria, así como un alarmante número de periodistas asesinados.
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Después de medio año prófugo de la justicia tras terminar su mandato, el cordobés fue capturado en Guatemala el 16 de abril de 2017.
Un año después, se declaró culpable de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, siendo condenado a 9 años de prisión.
Sin embargo, como parte de un acuerdo con el Gobierno Federal, se le decomisaron 41 propiedades, aunque conservó la posesión de las mismas.
En ese momento, la Fiscalía General de la República estimó que la red de corrupción a su alrededor había causado un quebranto patrimonial al estado de Veracruz de alrededor de 1 mil 200 millones de pesos.
En los círculos sociales y políticos de Xalapa y Veracruz se presume que su esposa Karime Macías, quien desde el término del mandato de Duarte se mudó a Londres, es quien está detrás del presunto lavado de dinero de su esposo.
Desde el año 2022, Macías no ha podido ser extraditada desde el Reino Unido, a pesar de haber sido señalada de un quebrado al erario del Sistema DIF estatal por 112 millones de pesos.
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