El mecanismo surge tras una reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum en mayo, luego de casos de políicos con nexos criminales
De cara al proceso electoral de 2027, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el 7 de septiembre una comisión especial encargada de verificar la integridad de las y los candidatos que postulen las fuerzas políticas, con el objetivo de investigar e identificar posibles vínculos con el crimen organizado.
La medida deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado, la cual se puso en marcha tras las series de detenciones de alcaldes y funcionarios derivadas la "Operación Enjambre" en el último año, así como por la tensión política generada por los señalamientos de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
El grupo en cuestión lleva por nombre Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, cuyo establecimiento se dio luego de que se aprobaran sus Lineamientos para la coordinación interinstitucional y el procedimiento de verificación de las personas candidatas del Proceso Electoral Federal Concurrente (PEFC) 2026-2027.
Por parte del INE, dicha comisión será conformada por los consejeros Norma De La Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, que fungirá como presidente de la misma.
Este mismo grupo detalló que el seguimiento de verificación alcanzará no solo a las personas titulares de las candidaturas, sino también a las personas suplentes en las postulaciones desde las precandidaturas y hasta las candidaturas. El presidente de esta comisión señaló que esta nueva instancia del INE busca fortalecer la democracia y aseveró que “la delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”.
“Frenar la infiltración de la delincuencia organizada significa frenar la violencia política, la corrupción y apostar por que la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz y los procesos electorales apegados a la legalidad, la transparencia y la integridad”, agregó.
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El filtro integrado por el INE se compondrá también por un conjunto de instituciones de seguridad, investigación, inteligencia financiera y procuración de justicia, con el objetivo de evaluar los perfiles de las y los aspirantes propuestos por los partidos políticos.
Las instancias participantes se encuentran las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por su parte, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas podrá realizar solicitudes de información directas a las fiscalías estatales, según se precisó.
Más allá de ello, Chávez López enfatizó que en todo momento prevalecerán la presunción de inocencia y el principio de estricta confidencialidad. De igual forma, aclaró que la información obtenida no constituirá una declaración de elegibilidad, no alterará los derechos político-electorales de los aspirantes ni podrá ser utilizada para fines distintos a los establecidos en la ley.
Además, recordó que, aun cuando se detecte un riesgo razonable, la decisión final de mantener o retirar las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y a las candidaturas independientes.
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Bajo este mecanismo, la participación de las fuerzas políticas será voluntaria; los partidos que decidan sumarse entregarán los listados de sus aspirantes ante la Comisión.
Entre las instituciones que colaborarán con el INE estará el SAT, la FGR o la UIF. Foto: Canva
Posteriormente, esta instancia consultará a las diversas instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, las cuales analizarán los perfiles y determinarán si no existe riesgo o si, por el contrario, se detecta un "riesgo razonable" de que la candidatura mantenga nexos con la delincuencia organizada.
Dichas dependencias únicamente notificarán a la Comisión la presencia o ausencia de tal "riesgo razonable" y, en caso de confirmar una alerta, omitirán detallar las investigaciones u orígenes que la motivan.
Con base en este reporte, la Comisión informará a las dirigencias partidistas sobre el estatus del perfil e indicará las autoridades que advierten la anomalía. De este modo, la responsabilidad final de registrar o retirar la postulación recaerá exclusivamente en los partidos.
En tanto, si las autoridades identifican información relevante, darán seguimiento a las indagatorias correspondientes según sus respectivas atribuciones. Por su parte, los aspirantes deberán otorgar de manera obligatoria su consentimiento para ser evaluados, independientemente de si su partido decide o no someter la lista a consulta.
Igualmente, el proceso se realizará en condiciones de estricta confidencialidad entre todas las partes, por lo que los hallazgos de las autoridades mantendrán el carácter de información reservada para no vulnerar el debido proceso.
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