Impiden padres de familia desalojo de casa hogar en Naucalpan
Las autoridades intentaron dar cumplimiento a la orden de desalojo de La Casa Hogar San Luis Gonzaga, en la colonia Fuentes de Satélite, los padres de familia frustraron que se llevara a cabao.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, Estado de México.- Padres de familia y personal de la Casa Hogar San Luis Gonzaga impidieron el desalojo de, al menos, 66 pacientes con autismo y parálisis cerebral, varios de ellos menores y huérfanos, en la colonia Fuentes de Satélite en el municipio de Naucalpan.
La confrontación duró casi tres horas, este martes 30 de enero, durante las cuales los defensores de los afectados se enfrentaron a la inmobiliaria Frisa, que ganó un litigio sobre las tierras que ocupa el inmueble.
Esta empresa había intentado realizar el desalojo en varias ocasiones, pero esta vez, los padres y el personal de la casa hogar se negaron a permitirlo.
Los pacientes, algunos de ellos con parálisis cerebral que les impide caminar, se encontraban en un estado de vulnerabilidad que conmovió a todos los presentes.
'¿Qué hacen aquí?', '¿qué les pasa?' cuestionó una de las responsables de la casa hogar, al enfrentar al grupo de personas que llegó al exterior del albergue y centro de atención.
Los padres de familia, tutores y el personal de la casa hogar manifestaron su indignación ante la situación y expusieron que llevan más de ocho años impulsando acciones legales para defender el predio e inmueble.
Según los afectados, la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, ordenó el desalojo del albergue el 15 de enero de este año, y también avaló el traslado de los pacientes a la Casa Hogar Divino Salvador, ubicada en el municipio de Huixquilucan.
Sin embargo, los afectados argumentaron que este lugar no cuenta con las condiciones médicas ni de alojamiento necesarias para atender a pacientes con parálisis cerebral y epilepsia. Además, denunciaron que la juez no les brindó una fecha ni hora para llevar a cabo el desalojo, lo cual viola su derecho a una audiencia justa.
Los afectados también cuestionaron el despliegue excesivo de más de cien policías estatales, hombres embozados armados con herramientas y un gran número de ambulancias para el traslado de los pacientes.
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A pesar de la tensión y la incertidumbre, responsables de la diligencia del desalojo, incluido un actuario, finalmente decidieron retirarse al estimar que no había condiciones adecuadas para llevar a cabo la acción.
Durante todo el proceso, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se mantuvieron atentos y presentes para garantizar el bienestar de los pacientes.
Los afectados destacaron que aún existen recursos legales por agotar y que algunos familiares de los pacientes han presentado recursos de amparo en contra de su reubicación, argumentando que no se cumplen las medidas adecuadas para su atención médica.
