El diputado señaló que su propuesta está impulsado tras diversos casos de extorsión en el sector empresarial y de autotransporte
Ante la problemática de extorsiones y abusos de autoridad perpetrados por servidores públicos en contra de ciudadanos, transportistas y empresarios, el diputado federal de PVEM por Nuevo León, Héctor Alfonso De la Garza Villarreal, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal Federal.
La propuesta del legislador, busca modificar la fracción II y adicionar las fracciones III y IV al artículo 220 de dicho código, en materia de prevención de actos de extorsión y abuso de autoridad en perjuicio del sector autotransportista.
La iniciativa propone adicionar dos nuevas fracciones al artículo 220 del Código Penal Federal, que actualmente tipifica el delito de ejercicio abusivo de funciones.
Si bien el artículo vigente ya contempla algunas conductas, su redacción actual deja fuera actos extorsivos que no implican la entrega directa de dádivas, sino el uso arbitrario de atribuciones como mecanismo de presión. Las nuevas fracciones establecerían que comete dicho delito:
El alcance de la reforma, se explicó, busca proteger a cualquier ciudadano frente a cualquier forma de extorsión encubierta bajo un acto administrativo o de autoridad.
Si bien el caso emblema que motivó la iniciativa son las grúas y corralones, los nuevos tipos penales cubrirían detenciones arbitrarias, retención de documentos y mercancías, revisiones ilegales, operativos sin sustento jurídico y cualquier otro mecanismo de presión utilizado por un servidor público para obtener un beneficio económico indebido.
Con esto, se busca cerrar los espacios de impunidad generados por la falta de tipicidad, dotando de mayor certeza jurídica frente al uso arbitrario del poder público. Al respecto, el diputado enfatizó la necesidad de honestidad en la aplicación de la ley.
“No pedimos impunidad para nadie. Lo que exigimos es que la ley se aplique con honestidad. Cuando una grúa se convierte en un instrumento de extorsión y no de orden vial, estamos ante un delito que el Código Penal debe nombrar y sancionar con claridad. Esta iniciativa es una respuesta a los transportistas, empresarios y ciudadanos de Juárez y de Nuevo León que han venido denunciando estas prácticas durante demasiado tiempo”, explicó.
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La iniciativa, como se explicó, surge como respuesta a una situación documentada, donde servidores públicos utilizan el ejercicio de sus atribuciones (o la amenaza de ejercerlas) como mecanismo de presión para exigir pagos indebidos.
Foto: Héctor Alfonso De la Garza Villarreal
Estas conductas, expresó, vulneran principios constitucionales fundamentales como la legalidad, seguridad jurídica y libre tránsito, generando un grave clima de impunidad e inseguridad.
Entre las prácticas más comunes e identificadas se encuentran el uso de grúas y corralones como instrumentos de extorsión, con tarifas desproporcionadas y cobros por maniobras no realizadas.
Asimismo, detenciones arbitrarias, revisiones ilegales, operativos sin sustento legal que derivan en controles de tránsito irregulares, y la retención indebida de bienes, documentos o vehículos para condicionar su devolución al pago de cantidades no autorizadas. En todos estos casos, la extorsión se emplea bajo la apariencia de un acto administrativo.
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La situación ha sido reconocida públicamente por organismos empresariales y de representaciones, como Coparmex, Caintra, Canaco, Canacar, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y ANTAC.
Foto: Héctor Alfonso De la Garza Villarreal
Señalan el alza sistemática de extorsiones como una amenaza directa al estado de derecho y a la actividad económica de la región. Por su parte, transportistas y traileros han identificado al menos 20 puntos en el área metropolitana y carreteras donde opera una supuesta red de extorsiones.
Estas prácticas involucrarían no solo a elementos de tránsito municipales, sino también a agentes de Movilidad del Estado, lo que subraya la necesidad de una respuesta legislativa de fondo ante lo que consideran una práctica estructural.
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