Aunque la guerra contra el narcotráfico en México data oficialmente desde 2006, desde finales de 1970 surgieron operaciones similares
La guerra contra el narcotráfico en México marcó un antes y un después del país e, incluso, se podría decir que parte de la tónica de nuestra historia del Siglo XXI concentra esta problemática.
Con la ofensiva que lanzó Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente emanado del PAN, el combate al crimen organizado giró a una militarización de la seguridad, llevando al despliegue de soldados y marinos a las calles de prácticamente toda la nación.
Según datos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, su sexenio, ocurrido entre 2006 y 2012, dejó más de 70 mil muertos, 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados. Dicha cifra de homicidios, posteriormente, fue reconocida en febrero de 2013 por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. A casi dos décadas del arranque de la estrategia, sus efectos siguen presentes en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Aunque la guerra contra el narcotráfico suele asociarse en México desde el año 2006, el origen de esta política es anterior y no es un fenómeno nacido en México.
En 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon calificó a las drogas como el “enemigo público número uno” de su país y puso en marcha la estrategia contra las drogas, creando la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En la década de 1980, bajo la administración de Ronald Reagan, la estrategia se volvió más agresiva y traspasó las fronteras estadounidenses; su prioridad fue erradicar cultivos e interceptar el tráfico en países productores como Bolivia, Perú y Colombia.
No obstante, esto provocó lo que analistas y la crítica a esta política de seguridad llamó como “efecto globo”: al presionar un punto, el aire no desaparece, sino que se desplaza hacia zonas de menor resistencia.
En ese sentido, durante los años setenta y ochenta se observaron múltiples ejemplos de cómo los presuntos intentos por erradicar la producción de sustancias ilícitas en América del Sur terminaban por trasladar los cultivos a otras regiones.
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Un claro ejemplo ocurrió entre 1977 y 1983, cuando México desplegó la Operación Cóndor en el Triángulo Dorado bajo una fuerte presión de Washington, ejercida a través de la CIA y la DEA.
El considerado Triángulo Dorado de México. Foto: Canva
Ocurrido durante el gobierno de José López Portillo, este operativo en la región montañosa que abarca Sinaloa, Chihuahua y Durango tuvo como objetivo destruir los cultivos de marihuana y amapola.
Dicha operación es considerada la primera ocasión en que el Ejército Mexicano realizó operaciones de seguridad conjuntas con instituciones civiles, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
No obstante, el “efecto globo” de la operación, al que también se le suele llamar “efecto cucaracha”, provocó que capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes ya estaban emprendiendo operaciones de tráfico de drogas en Sinaloa, desplazaran sus actividades fuera del estado.
Para evitar la presión militar, decidieron trasladarse a Jalisco, donde a finales de 1979 fundaron el Cártel de Guadalajara, considerado la primera organización de narcotráfico a gran escala en México.
Otro “efecto globo” del que México terminó siendo parte, fue tras el Plan Colombia, que desde el año 2000 destinó cerca de 8 mil millones de dólares al combate del narcotráfico. Pese a las capturas de capos y reducción de cultivos, las rutas terminaron moviéndose hacia nuestro país.
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A lo largo de las décadas de 1990 y 2000, el mapa delictivo de México se volvió más complejo debido a la aparición de diversos grupos criminales que extendieron su presencia a múltiples regiones.
A este panorama se sumó la coyuntura política de 2006, tras las elecciones presidenciales de aquel año. Pese a la alternancia que el PAN generó en México al romper con 71 años de gobiernos del PRI, los comicios terminaron con acusaciones de fraude electoral con la victoria Felipe Calderón. Las irregularidades en la jornada y la exigencia de un recuento de votos dejaron un ambiente postelectoral profundamente enrarecido.
Fue así que Calderón asumió el cargo el 1 de diciembre de 2006 y, apenas días después, anunció una ofensiva total contra los cárteles, a pesar de que esta estrategia no figuraba entre sus promesas de campaña.
Así, el 11 de diciembre envió 6 mil 500 elementos federales a Michoacán en el llamado Operativo Conjunto Michoacán, considerado la primera gran operación y el punto de partida simbólico del conflicto. Esta estrategia contó con el respaldo de la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación con Estados Unidos que aportó 1900 millones de dólares.
En 2008 se sumó la Operación Noreste, desplegada en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila para debilitar al Cártel del Golfo y su entonces brazo armado “Los Zetas”, entonces enfrentados con el Cártel de Sinaloa y sus aliados. Para 2009, Los Zetas controlaban más de la mitad de Tamaulipas y se convirtieron en la organización más temida.
Sin embargo, la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas a inicios de 2010 dividió a los dos bandos y detonó una ola de violencia. Ciudades de Tamailipas, como Mier, Camargo y Miguel Alemán, se vaciaron y quedaron como pueblos fantasma. En medio de este conflicto, en agosto de 2010, ocurrió la conocida masacre de San Fernando, donde fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres.
El costo humano fue enorme: lejos de reducir la violencia, la militarización contribuyó a fragmentar a los cárteles, los cuales pasaron de seis organizaciones en 2006 a 16 en 2012.
Las cifras de desapariciones varían según la fuente: se registran más de 26 mil durante el sexenio, mientras que organizaciones de familiares estiman entre 10 mil y 30 mil víctimas de desaparición forzada. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 9228 quejas y 142 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos.
La violencia golpeó con especial fuerza a mujeres y jóvenes. Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir señalaban que, entre 2010 y 2012, desaparecieron 3976 mujeres, más de la mitad de entre 11 y 20 años, y se contabilizaron 4112 feminicidios en ese mismo periodo.
En general, la estrategia se enfocó casi exclusivamente en la militarización y la captura de cabecillas criminales, mientras que los problemas estructurales que alimentan al crimen organizado, como la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional, permanecieron intactos.
Michoacán, estado donde inició la guerra contra el narcotráfico, no fue la excepción. Al concluir el sexenio de Calderón, la violencia no solo no disminuyó, sino que proliferó.
De este modo, en 2013 se registraron en la entidad más de mil asesinatos, 400 secuestros y 3 mil familias desplazadas, mientras Los Caballeros Templarios controlaban rutas y extorsionaban a la población. Ante la ineficacia policial y el abandono del Estado, surgieron los primeros grupos de autodefensa.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia el 1 de diciembre de 2012, se anunció un cambio de estrategia centrado en la prevención, con menor presencia de tropas en las calles y despliegues focalizados en estados de alta incidencia como Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Durango.
Sin embargo, los niveles de violencia continuaron en aumento. El sexenio de Peña Nieto cerró con un incremento del 14 % en homicidios dolosos respecto al de Felipe Calderón, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que fueron citados por Sin Embargo en diciembre de 2018.
De este modo, mientras que en la administración de Calderón la tasa acumulada de homicidios dolosos fue de 87.87 casos por cada cien mil habitantes, con Peña Nieto alcanzó los 100.61 casos.
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