El proceso del fuero común y otro del federal, parten de lo ocurrido en abril, cuando en un operativo participaron agentes de la CIA
Luego de que el exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, librara la prisión preventiva en el proceso penal estatal en su contra, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria.
El exfuncionario se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos en abril pasado, cuando elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
Tras el escalamiento del caso, que reavivó las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, así como los roces entre el Gobierno federal y el estatal, Jáuregui Moreno terminó renunciando a su puesto a finales de ese mismo mes.
El exfiscal de Chihuahua compareció en audiencia inicial el domingo 18 de octubre dentro de la causa penal 3055/2026. En la diligencia se definió si se le imponía prisión preventiva por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, imputaciones por las cuales la fiscalía estatal le cumplimentó una orden de aprehensión el sábado 17 de octubre.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva bajo el argumento de que Jáuregui Moreno cuenta con solvencia económica y vínculos con agencias estadounidenses que podrían facilitar su evasión de la justicia.
Sin embargo, al no respaldar sus señalamientos con pruebas, el juez desechó la petición. De esta manera, tras una audiencia que se prolongó hasta cerca de las 22:00 horas, el juez de control Alberto Simental Ortega determinó que el exfuncionario enfrentará el proceso en libertad.
Pese a ello, como parte de las medidas cautelares, se le fijó la obligación de acudir a firmar cada mes y la prohibición de acercarse a los testigos de la investigación. Asimismo, le fueron retirados su pasaporte mexicano y su visa estadounidense, con el fin de garantizar su permanencia en el proceso penal.
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Aunque el exfuncionario parecía haber evitado la cárcel, de acuerdo con el medio local La Verdad Juárez, cerca de la medianoche agentes de la FGR lo detuvieron en cumplimiento de una orden de captura por el delito de traición a la patria.
Tras su detención, fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juzgado federal del Altiplano, según confirmó su abogado, Héctor Villasana. El hecho también fue ratificado por la Fiscalía de Chihuahua, la cual informó que el próximo jueves 22 de octubre el juzgado estatal celebrará la audiencia para determinar si el exfuncionario es vinculado a proceso.
“El proceso en Chihuahua sigue su curso. Sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César J.M., minutos después de haber concluido la audiencia y ahora se encuentra en custodia federal. Se trata de un proceso distinto que corresponde a la Fiscalía General de la República y a un juez federal”, expresó el encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez.
Por este motivo, reportó La Verdad Juárez a confirmación del abogado de Jáuregui Moreno, que su cliente deberá participar en la audiencia del jueves 22 mediante videollamada. En tanto, la audiencia inicial ante el juzgado federal se llevará a cabo este martes 20 de octubre.
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El 16 de abril de 2026, un operativo conjunto entre fuerzas locales y militares desmanteló en El Pinal, Chihuahua, un narcolaboratorio considerado en su momento por la fiscalía estatal como uno de los más grandes hallados en el país.
Aunque la dependencia comunicó inicialmente que solo participaron corporaciones mexicanas, la madrugada del 19 de abril un accidente automovilístico en la sierra, a la altura de la comunidad de Polanco, causó la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta, Manuel Genaro Méndez, y dos agentes estadounidenses.
El deceso de los extranjeros, lamentado públicamente por la Embajada de Estados Unidos, expuso que elementos de la CIA integraron la operación bajo la estructura de la policía estatal, sin contar con registros ni permisos migratorios para labores operativas.
El 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad no fue notificado de la incursión y acusó al Gobierno de Chihuahua de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al recordar que los convenios con agencias extranjeras son competencia exclusiva de la Federación.
Frente a estas declaraciones, el entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, negó en un principio la participación operativa de los agentes estadounidenses y los calificó como simples instructores.
No obstante, The Washington Post y Los Angeles Times revelaron que los estadounidenses eran agentes de la CIA y que no solo habían participado dos, sino al menos cuatro elementos.
El 27 de abril, César Jáuregui Moreno renunció a la FGE para permitir que las indagatorias se desarrollaran con autonomía, admitiendo que la información inicial había sido inconsistente.
Paralelamente, la FGR abrió dos carpetas de investigación: una enfocada en el aseguramiento del narcolaboratorio y otra orientada a determinar posibles delitos contra la seguridad nacional.
Como parte de estas diligencias, la FGR citó a declarar a más de 50 elementos de la AEI, mientras que la gobernadora María Eugenia Campos se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien aseguró no haber estado enterada de la presencia de los agentes extranjeros en el operativo serrano.
Para mayo, el análisis de más de 6 mil horas de grabación por parte de la FGE confirmó que los cuatro agentes de la CIA ingresaron a instalaciones restringidas de la fiscalía estatal y se unieron al convoy desde su salida en la capital, portando armas de fuego sin autorización oficial ni registros de capacitación.
Las autoridades concluyeron que la integración de los extranjeros respondió a una "colaboración extraoficial" gestionada por el fallecido director de la AEI, sin el conocimiento formal de sus superiores.
Recientemente se reveló, a través de las entrevistas ministeriales integradas en el expediente de la causa penal 408/2026 de la FGR, que los agentes Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black participaron en la célula táctica armada durante el operativo y que, tras morir en el accidente automovilístico, sus cuerpos fueron reclamados por funcionarios del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Ambos realizaron acciones junto a más personal estadounidense desde octubre de 2025 en Chihuahua y participaron en al menos otro operativo el 19 de marzo en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.
Asimismo, los testimonios confirmaron que el fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo, coordinó la logística de los ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con las declaraciones, fue en su propia oficina donde se les proveyó de armas largas antes de trasladarse hacia la Sierra Tarahumara para integrarse a la redada en El Pinal.
Como parte del expediente, el Ministerio Público presentó reservaciones del hotel Holiday Inn, ubicado en la calle Escudero de la capital del estado, que acreditaron el hospedaje de los presuntos elementos de la CIA en octubre de 2025, así como en enero y abril de 2026. A esto se sumaron contratos de arrendamiento de vehículos y datos de geolocalización que confirman su presencia recurrente y prolongada en las oficinas del Complejo Estatal de Seguridad Pública.
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