El caso remonta del año de 2015, cuando la actriz y el actor Sean Penn se reunieron con el entonces líder del Cártel de Sinaloa
Una investigación del semanario ZETA reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo otorgado por un Tribunal Colegiado a la actriz Kate del Castillo Negrete Trillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., a fin de que la artista sea reconocida como víctima dentro de una investigación.
El expediente corresponde a una investigación iniciada por las autoridades mexicanas luego de que del Castillo y el actor Sean Penn se reunieran con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, entonces líder del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2015, pocos meses después de su fuga del penal de El Altiplano.
A raíz de dicho encuentro, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió en ese mismo año una averiguación previa en contra de la actriz por diversos delitos. Desde entonces, del Castillo denunció ser víctima de persecución política por parte del Gobierno mexicano e interpuso dos demandas en contra de la PGR.
El asunto se remonta al 1 de abril de 2025, cuando la defensa de la actriz presentó una denuncia ante la Oficialía de Partes de la FGR contra funcionarios y exfuncionarios que participaron en las indagatorias previas en su contra.
En el recurso se les acusó de delitos contra la administración de justicia cometidos durante la integración de las carpetas de investigación anteriores, luego de atribuirles actuaciones y omisiones que configuraban dicho delito.
Más tarde, el 12 de mayo de ese año, su representación legal solicitó a la autoridad ministerial que reconociera a del Castillo Negrete Trillo y a su empresa la calidad de víctimas en esta nueva indagatoria. Casi cuatro meses después, el 11 de septiembre, su defensa solicitó que se le permitiera consultar los registros del expediente.
Ante la falta de respuesta a la solicitud, el 25 de septiembre la actriz promovió un juicio de amparo en la Ciudad de México, el cual fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal bajo el expediente 858/2025.
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Según señala el semanario, a la par del proceso impulsado por la defensa de la actriz, las autoridades ministeriales autorizaron, el 26 de septiembre, el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria.
Más tarde, el 29 de octubre, el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos emitió el acuerdo contenido en el oficio FGR/FEAI/FERID/UIL-A/1242/2025, en el que resolvió no otorgar la calidad de víctima ni a la actriz ni a su empresa.
Según aseguró el medio, la autoridad ministerial argumentó que del Castillo y su productora solo tenían la condición de denunciantes y no habían acreditado un daño directo que justificara el reconocimiento solicitado en su escrito del 12 de mayo.
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Esta respuesta llevó a que la defensa de la actriz ampliara su demanda de amparo el 5 de diciembre para impugnar dicha negativa.
En la ampliación, la representación legal se refirió a ejecutorias previas dictadas en los juicios de amparo 788/2022, 1189/2022 y 872/2021, en los que órganos del Poder Judicial de la Federación habían resuelto a su favor y ordenado a la autoridad ministerial reconocerles el carácter de víctimas.
Tras revisar la medida, el juez de Distrito del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, Julio César Molina García, determinó que la resolución ministerial fue inconstitucional por aplicar un criterio indebidamente restrictivo sobre el concepto de víctima, pues lo ocurrido sí afectaba directamente a la actriz y a su empresa, por lo que no era necesario que probaran los daños por adelantado para que les dieran acceso al expediente.
En consecuencia, la sentencia concedió el amparo, dejó sin efectos el acuerdo del 29 de octubre de 2025 y ordenó emitir una nueva resolución en la que se reconozca a del Castillo Negrete Trillo y a su empresa la calidad de víctimas, garantizándoles el acceso a los registros del expediente FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000318/2025.
Ante este fallo, el 13 de octubre de este año, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado interpuso un recurso de revisión para que el caso sea turnado y analizado por un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal.
Ahora corresponderá a dicho tribunal resolver si confirma, modifica o revoca la protección constitucional otorgada a la actriz y a su empresa.
El origen de la disputa entre la actriz y el Gobierno mexicano nació en 2015. El 11 de julio de aquel año, Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó a través de un túnel del penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, popularmente conocido como “El Altiplano”.
Mientras el capo se encontraba prófugo, el 25 de septiembre de ese mismo año, del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn viajaron a la localidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, para reunirse con él. Según declaró la actriz posteriormente, el encuentro tenía como objetivo explorar la posibilidad de producir una película sobre la vida del narcotraficante.
La reunión tuvo como antecedente un mensaje que del Castillo publicó el 10 de enero de 2012 en su cuenta de Twitter (hoy X), en el que aseguraba confiar más en el capo que en los gobiernos mexicanos. En esa misma publicación, la actriz instaba a Guzmán Loera a “traficar con el bien” y realizar acciones en beneficio de la sociedad.
El mensaje llamó la atención de “El Chapo”, quien estableció contacto con ella a través de sus abogados para proponerle llevar su historia a la pantalla grande. Sin embargo, la existencia de la reunión fue revelada por el propio Penn al publicar la crónica del encuentro en la revista Rolling Stone, hecho que detonó una serie de señaamientos y sospechas contra la actriz.
A raíz de ello, la entonces PGR abrió la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, en la que investigó a del Castillo por los delitos de lavado de dinero y encubrimiento relacionados con la empresa tequila Honor del Castillo, a fin de determinar si existían vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Tras la recaptura de Guzmán Loera, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, las autoridades filtraron fragmentos de las conversaciones privadas entre los involucrados en la reunión.
Ante la filtración, del Castillo promovió diversos juicios de amparo por violaciones a la presunción de inocencia y al honor, antecedente directo del litigio legal que mantiene hasta la fecha.
Finalmente, al no encontrar pruebas suficientes para acreditar los delitos imputados, el 21 de marzo de 2017 la PGR decidió archivar la averiguación previa y decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
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