Según lo afirmó la titular de la FGR, Ernestina Godoy, esta se trata de la red de huachicol fiscal más grande que se ha detectado hasta ahora
Horas después de la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció un informe sobre cómo operaba la presunta red contrabando de hidrocarburos que lideraba, cuya operación incluía el uso de ferrocarriles y declaraciones irregulares de combustible.
El exmandatario estatal fue detenido el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Esto, tras “una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada” por el propio Ruffo.
A través de un videomensaje, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, detalló sobre la indagatoria elaborada por el organismo, vinculada a operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
El punto de partida de la investigación, tal como se señaló, fue tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados el 3 julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila.
Según se describió, la operación de contrabando usaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones, la cual inició a operar por medio de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, la cual fue fundada por Ernesto Ruffo Appel.
Formalmente, las empresas relacionadas con la red se dedicaban a la importación de productos derivados del petróleo. No obstante, al momento de que estas introducían los hidrocarburos desde Estados Unidos a México, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes de los que estaban transportando.
De acuerdo con lo explicado, solo el 10% de la capacidad real de cada carro o tanque de ferrocarril era declarado; mientras que transportaban hasta 110 000 litros, solo era reportado cerca de 10 000 litros.
La investigación también reveló “diferencias significativas” entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades que realmente ingresaron al país. Por ejemplo, en el caso del diésel, detectaron que se importaron volúmenes equivalentes a más de diez veces de lo autorizado. En cuanto a la gasolina regular, se afirmó que las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media del volumen permitido.
Estos hidrocarburos provenían de refinerías en Texas, Estados Unidos, el cual posteriormente era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Ya en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las visiones a aduaneras correspondientes.
Así, el producto terminaba siendo descargado en las “espuelas” ferroviarias, las llamadas vías de conexión en las que se distribuía ilegalmente. En dichos puntos, y sin tener los permisos legales correspondientes del sector energético, el producto era descargado a pipas y tractocamiones de siete empresas diferentes, las que luego se encargaban de venderlo y distribuirlo en diversas partes del país.
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Tras la reconstrucción ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial, con el que se identificó el trayecto completo del combustible desde que ingresaba al país hasta su distribución final, la FGR estimó que la afectación económica estimada fue de 32 millones 808 mil 000 pesos para parte de esta organización.
Entre este perjuicio millonario al fisco, que se derivó de declaraciones irregulares de hidrocarburos y de la omisión del pago de impuestos, el análisis de los cargamentos investigados determinó que cerca de 15 millones 299 mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades.
Entre estas estimaciones, únicamente por el concepto del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos, a lo que se suman 18 millones 289 mil 304 pesos respecto al impuesto al valor agregado.
Tan solo por estos impuestos, tal como lo apuntó la funcionario, el posible le daño causado a la hacienda pública llegaría a 106 millones 800 mil 821 pesos.
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Entre estas operaciones, tal como se detalló, fueron desarticulado uno de los principales centros de operación de esta red, así como fueron ubicados decenas de carros tanques de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y en San Luis Potosí.
En ese sentido, Godoy Ramos apuntó que las investigaciones determinaron que se habrían usado 162 carros tanques de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
Entre enero y julio de 2025, la FGR, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, detectaron que la organización había realizado 4238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa en el estado de Tamaulipas
Dicho análisis permitió a las autoridades estimar un perjuicio a la hacienda pública de más de 4000 millones de pesos, causado por la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
Dichas prácticas, como lo compete el delito popularmente llamado como “huachicol fiscal”, incluyen un esquema de contrabando de hidrocarburo en el que se introduce combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, con el fin de evadir impuestos.
En el caso particular del exgobernador, se señaló que las investigaciones de la FGR pudieron detectar que la estructura “dependía financieramente” de recursos de una empresa que posteriormente los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, lo que configura “un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos”, según explicó.
Parte de los carros tanque que fueron asegurados en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, hecho que derivó en la actual investigación. Foto: SSPC
En ese sentido, la investigación también centró su análisis en los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades. Con base a ello, de detectaron movimientos por más de 3075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a 1386 millones de dólares.
En dichas cuentas se detectó un patrón en el que el que, casi al instante de que los recursos eran recibidos, estos eran transferidos a través de saldos mínimos.
“Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales”, explicó Godoy Ramos.
Godoy Ramos subrayó que, como resultado de este primer bloque de la investigación, fueron obtenidas órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. De ellas, y hasta este momento, han sido detenidas cuatro personas y el exgobernador de Baja California, mientras se espera que el resto sean cumplimentadas.
Por este caso de huachicol fiscal, las autoridades tienen detetcados 25 objetivos. Foto: SSPC
No obstante, la fiscal precisó que, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, han sido procesadas 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Entre estas personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red ahora destapada, quienes eran operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado, sustentadas por diversos datos de pruebas y análisis científico de la información.
Estas acciones, según señaló, fueron planeadas para ejecutarse en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
Godoy Ramos explicó que la reconstrucción ministerial del entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones, así como el cruce de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa.
Asimismo, la investigación requirió la revisión técnica de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales.
Bajo este análisis pudieron establecer los vínculos entre la operación logística del combustible y la estructura financiera que era empleada para administrar y dispersar las ganancias económicas generadas por la organización, luego de que esta introdujera, distribuyera y comercializara hidrocarburos de manera irregular en México.
Con todo este análisis, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR logró identificar a lo que la fiscal calificó como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
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