De acuerdo con la acusación formal de EU, Inzunza y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa tienen nexo con "Los Chapitos"
Este jueves 25 de junio, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció en una sesión virtual del Senado de la República, luego de más de 50 días de ausencia tras la acusación formal presentada por autoridades estadounidenses en su contra y de otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación, que también incluye al hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, los señala por delitos de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego, apuntando que todos ellos presuntamente contaban con nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Tras más de 55 días de ausencia en actividades legislativas, Inzunza Cázarez participó vía remota en una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado, en la que fue abordada la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, la cual regulará las faltas administrativas y de policía a nivel municipal en todo el país.
En su participación, el senador morenista señaló que, aunque la ley es de suma importancia, la legislación mexicana en esta materia ha llegado “con mucho retraso”. Bajo este panorama, advirtió que el documento aún cuenta con vacíos constitucionales, riesgos de derechos humanos y debilidades técnicas.
Por ejemplo, expresó su preocupación de que en el anteproyecto se incluyeran conceptos como "detención" y "flagrancia”, pues, con base en convenciones internacionales, estas figuras jurídicas solo son aplicables para delitos penales y no para faltas cívicas.
Asimismo, expuso que existe un "vacío" técnico en cómo el documento estructura las audiencias donde se resuelve el conflicto, y criticó diversas incongruencias legales. Por otra parte, propuso una solución para un problema planteado por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) sobre la saturación de cárceles y ministerios públicos por delitos menores.
En su propuesta, apuntó a que el Congreso debería dejar de considerar como delitos los robos no violentos de baja cuantía y convertirlos legalmente en faltas administrativas reguladas por la justicia cívica.
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El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por nexos con “Los Chapitos”, la cual incluyó la solicitud a autoridades mexicanas de detener y extraditar a estos ciudadanos.
Tras ello, las apariciones públicas de Inzunza Cázarez se acotaron, razón por la cual dejó de acudir a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En medio de este escenario, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) a causa de los señalamientos estadounidenses, el pasado 26 de mayo el senador acudió a comparecer ante esta institución.
Poco después, el 28 de mayo, pidió licencia en el Senado y, en su reemplazo, su suplente, Omar López Campos, ocupó su lugar en la sesión extraordinaria en la que se discutieron y votaron las reformas para anular elecciones por injerencia extranjera y aplazar los comicios judiciales a 2028.
Según argumentó Inzunza Cázarez, la decisión de su licencia fue para no ofrecer a “personeros de la derecha conservadora” un espectáculo “indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano”.
En tanto, y ante una serie de especulaciones sobre que buscaría colocarse como candidato a la gubernatura de Sinaloa, el pasado 17 de junio declaró en su cuenta de X que se mantendría en su escaño hasta 2030, a fin de disipar los rumores.
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Junto a los nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener nexos con “Los Chapitos”, a Inzunza se le imputaron los delitos de narcotráfico y delitos relacionadas con armas de fuego.
Todos son señalados de haber protegido a los cabecillas del Cártel de Sinaloa contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales, facilitando información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del grupo criminal y sus aliados para apoyar sus actividades delictivas.
Asimismo, se acusa a los 10 ciudadanos mexicanos de ordenar a miembros de corporaciones policiales estatales y locales proteger cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; además, permitieron que cometieran actos de violencia sin que tuvieran consecuencias, a cambio de sobornos millonarios.
Particularmente, Inzunza Cázarez es señalado por reunirse, durante su gestión como secretario general de Sinaloa, con líderes de “Los Chapitos” y otros integrantes de la cúpula del Cártel de Sinaloa, con el fin de acordar planes específicos dentro del gobierno estatal para respaldar y proteger a la organización delictiva a cambio de favores y, a su vez, ayudar a los 10 implicados y otros funcionarios a mantenerse en el poder.
Según los documentos judiciales estadounidenses, Inzunza Cázarez ayudó a líderes de “Los Chapitos” a “colocar funcionarios corruptos” para blindar las operaciones de narcotráfico de dicha facción, así como a actuar de enlace entre sus jefes y Rocha Moya, mediante la transmisión de comunicaciones sobre el apoyo mutuo y la protección de su administración.
De acuerdo con Estados Unidos, tanto Inzunza como Rocha Moya se reunieron con líderes del Cártel de Sinaloa y de “Los Chapitos” tras las elecciones en las que este último resultó electo como gobernador.
En ese encuentro, presuntamente, “Los Chapitos” manifestaron que habían apoyado la campaña del hoy gobernador con licencia y, a cambio, se les aseguraría el control de la Policía Estatal de Sinaloa para que pudieran llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo de que fueran interferidas por las autoridades de seguridad locales.
Frente a esta acusación, Inzunza Cázarez fue imputado de los delitos de: conspiración para la importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
Por dichos cargos, en caso de ser encontrado culpable en Estados Unidos, podría alcanzar una sentencia mínima de 40 años de prisión o un máximo de cadena perpetua.
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