Este 9 de septiembre, la Cámara de diputados aprobó el dictamen para expedir una ley general en materia de extorsión.
Este 9 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el 10 de julio del año en curso.
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Con el cambio constitucional propuesto, el Congreso de la Unión expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.
De acuerdo con el régimen transitorio, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.
Las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
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Actualmente, la extorsión ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada.
En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, a la vez existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención.
Destaca que el delito de extorsión cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión y para la creación de una ley general que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente dicho delito.
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