El INE debe probar el nexo entre el político y quien paga. Si el político se "deslinda", la investigación suele morir.
Las camionetas blancas aparcadas a las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, parecen, a simple vista, consultorios móviles de salud del gobierno listos para llevar atención médica a los rincones más apartados y empobrecidos de esa ciudad fronteriza, de no ser por el gigante y grotesco rostro de la senadora morenista Andrea Chávez a los lados.
En efecto: cada una de esas camionetas es un consultorio médico bien equipado, pero su función no es la salud, por más que la senadora afirme que su labor es cubrir lo que el gobierno del estado de Chihuahua no hace, pues llevan la cara e imagen de la senadora a los lugares más apartados y empobrecidos de Juárez, a donde el PAN no ha podido llegar, y donde cada vez más hay una importante base de apoyo electoral hacia Morena.
A 1 mil 500 kilómetros de distancia hacia el sur, sobre los principales bulevares de la ciudad de Puebla hay anuncios espectaculares y pantallas digitales con la imagen de José Luis García Parra, “El Choco”, posando para la portada de la revista de comunicación política “Campaings and Elections”.
Estos anuncios van a cumplir medio año en las calles, lo que resulta demasiado tiempo para promocionar un número de una revista que apenas interesa al “círculo rojo”.
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A la sazón, García Parra actualmente funge como “coordinador del Gabinete” del gobernador Alejandro Armenta en Puebla.
Como tal, la figura no existe en el organigrama estatal, pero a este funcionario le viene a bien para catapultar sus aspiraciones a gobernar la alcaldía de Puebla a finales de 2027, ya que, por ahora, este hombre es más conocido por su costoso vehículo Audi R8, que resultaba inexplicable que poseyera para su nivel de sueldo; y por ser “el novio” de la cantante Belinda.
Para el Instituto Nacional Electoral, ambos personajes son un auténtico enigma jurídico que no ha sabido descifrar. Para el resto de los mexicanos, estos personajes, como otras centenas en el país, son la representación de una campaña política visible y evidente, pero que legalmente no existe.
Las caravanas médicas de Andrea Chávez recorren Chihuahua con su imagen en gran formato. Foto: Carlos Rocha | Posta México.
La senadora Andrea Chávez se convirtió en una de las figuras más mediatizadas de la llamada “Cuarta Transformación”; desde su relación sentimental con el político español asesor de Morena Abraham Medieta, a quien la oposición liga con los extremistas de ETA en el País Vasco, pasando por su cercana relación con el exlíder de Morena en el Senado Adán Augusto López Hernández, a quien apoyó con firmeza en la precandidatura para la Presidencia de la República, por encima de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con datos periodísticos documentados, Chávez tiene 4 unidades móviles bien equipadas con médicos profesionales, que prestan servicios de medicina general, enfermería y odontología, así como un laboratorio, un electrocardiograma, ultrasonido y muestras de medicamentos que implicarían un gasto de unos 10 millones de pesos mensuales, lo que sin duda no corresponde con su ingreso mensual como senadora de la República.
La senadora se niega por todas las vías a aclarar cuál es el origen del financiamiento de estas unidades médicas.
Ella afirma que se tratan de “donaciones”, sin mencionar quiénes son los “donantes”, aunque medios nacionales han revelado que se trataría de la empresa F Medical, de Fernando Padilla Farfán, un cercano a Adán Augusto López Hernández, así como a la militante de Morena Nora Agueros, quien cuenta con plazas tanto en el IMSS como en el ISSSTE de Chihuahua y es la coordinadora de las caravanas de la salud de Andrea Chávez, lo que para el INE representa un vacío jurídico que no tiene manera de resolver.
Por lo pronto, Andrea Chávez ya tiene una batalla jurídica ganada en su propia tierra: el pasado 12 de febrero, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua absolvió a la senadora de realizar promoción personalizada y actos anticipados de campaña: la consejera electoral Yuri Zapata expuso que ese órgano no encontró elemento alguno para señalar que las caravanas de la salud fueron pagadas con dinero público, ni de que haya realizado promoción de la imagen, pues en ningún momento la morenista hizo un llamado al voto.
A pesar de la enorme imagen de Chávez en los costados de cada consultorio móvil que recorren Ciudad Juárez desde hace 2 años, para la autoridad electoral local esto sólo fue parte de la difusión de un informe de gobierno, según el procedimiento sancionador ordinario con clave IEE-PSO-010/2025 y su acumulado IEE-PSO-011/2025.
La pinta de bardas con el nombre de algún político aspiracionista fue una estrategia confiable desde los años 60 del siglo pasado, pero hoy no lo es más. Si se tienen a los “donantes” estratégicos y suficientes, una “caravana de la salud” es más efectiva para llegar a electorado y, como ya se vio en el caso chihuahuense, no tiene repercusión legal alguna.
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La renta de un anuncio espectacular sobre algún bulevar o puente importante en la ciudad de Puebla ronda entre los 40 mil y los 70 mil pesos mensuales. Un cálculo sencillo permite estimar que, para mantener una campaña de difusión de 10 espectaculares se requerirían entre 2.5 y 5 millones de pesos, durante medio año.
Y ese es el tiempo que lleva la imagen del coordinador del Gabinete de Alejandro Armenta, José Luis García Parra, por diferentes bulevares de la capital poblana. Pero, similar que con Andrea Chávez, su imagen en “Campañas y Elecciones”, fue producto de una “invitación”.
En Puebla, la promoción de José Luis García Parra exhibe otra cara de las campañas no declaradas. Foto: Carlos Rocha | POSTA México.
“Pregúntenselo a la revista”, fue la respuesta que ofreció el funcionario estatal cuando se le cuestionó sobre la aparición de su imagen en portada y la leyenda “Los políticos jóvenes de mayor proyección en México”.
De ahí que el posicionamiento de su marca electoral no sea a través de los resultados de gobierno, sino del uso de la “celebridad” y la publicidad editorial gratuita. La exposición en programas y revistas del corazón de su supuesto romance con la cantante Belinda le ha dado un mejor posicionamiento que, desde luego, no está en el ojo del INE ni del Instituto Estatal Electoral de Puebla.
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Hasta la fecha, ni el INE ni el IEE de Puebla han intervenido aún cuando la publicidad de esa revista dejó de ser informativa a hace varios meses, lo que genera una percepción de que hay luz verde para realizar acciones similares.
Mientras García Parra o Andrea Chavez alegan a la libertad de prensa o de acción que tienen los particulares para realizar supuestas entrevistas, o donaciones, el marco legal electoral simplemente no va a la par, pues la aspiración política simplemente no puede ser demostrada, aunque exista un claro beneficio de ella.
Si bien la Reforma Electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como objetivo cerrar la puerta a la opacidad de los recursos privados, lo cierto es que, al centralizar la fiscalización y eliminar a los órganos electorales locales (Oples), será aún más difícil que el árbitro electoral pueda observar tanto las revistas, como las caravanas de la salud, las bardas u otras formas creativas de comunicación política en cada uno de los 2 mil 400 municipios del país.
Los consultorios móviles de Andrea Chávez abrieron una discusión sobre financiamiento privado y los límites del actual marco electoral. Foto: Carlos Rocha | POSTA México.
El problema de fondo sigue siendo la rigidez legal del propio INE: aunque sea evidente para todos, si la ley electoral no califica expresamente “consultorio médico móvil”, o “revista de estrategia y/o comunicación política” dentro de la propaganda electoral, el organismo sencillamente no puede prohibirlo sin el riesgo de que cualquier sentencia pueda ser revocada en el Tribunal Electoral Federal.
En el caso de Puebla, el INE se enfrentaría a la “presunción de licitud periodística”; es decir, mientras un político como García Parra aparezca en la portada de una revista, esto se asume como un ejercicio de la libertad de prensa, a pesar de que la fotografía de ese mismo político aparezca en un espectacular de 12 metros de ancho por 8 de alto.
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