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Este martes 3 de noviembre, el Senado de la Repúblicaaprobó con 72 votos a favor y 37 en contra una reforma integral al Código Penal Federal, a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Sin embargo, ha generado un intenso debate por el alcance de sus sanciones y los riesgos a la libertad de expresión.
¿Qué contempla la “Ley Antimemes” en México?
La reforma establece nuevas normas de responsabilidad digital para combatir la piratería, la falsificación, el uso indebido de la identidad institucional y los derechos de autor.
Entre sus puntos principales destacan:
“Notificación y Retiro”: Obliga a los proveedores de internet y redes sociales a quitar cualquier contenido denunciado por presuntamente violar derechos de autor, sin requerir la orden de un juez.
Sanción a cuentas reincidentes: Las plataformas deberán aplicar la suspensión preventiva o cancelación definitiva de usuarios que reincidan en la publicación de material no autorizado.
Regulación de Inteligencia Artificial (IA): Castiga la alteración o reproducción no autorizada de rostros, voces e imágenes creadas o modificadas con herramientas de IA, especialmente cuando busquen la suplantación de identidad o el fraude.
Protección de símbolos oficiales: Tipifica el uso no autorizado de logotipos, sellos, documentos, dominios web e identidad gráfica de dependencias gubernamentales.
Quienes utilicen elementos oficiales, logotipos o herramientas de IA para cometer fraudes o suplantar la identidad institucional o de terceros, podrán enfrentar penas de 1 a 5 años de prisión y multas económicas de hasta 1 millón 176 mil pesos (10,000 UMA).
Las empresas proveedoras de servicios de internet y redes sociales que no cumplan con el retiro oportuno del contenido reportado recibirán sanciones administrativas de hasta 40 mil UMA, equivalentes a más de 4.3 millones de pesos.
¿Se prohíben los memes con la aprobación de esta ley?
De manera explícita, la ley no prohíbe los memes ni los contenidos de entretenimiento general. No obstante, legisladores de oposición y organizaciones de derechos digitales han encendido las alertas por la ambigüedad en la redacción.
Al facultar a las plataformas para retirar contenidos con una simple notificación privada y sin previa revisión judicial, se abre la puerta a que funcionarios o figuras públicas soliciten la eliminación de parodias, sátiras políticas, periodismo de investigación y memes críticos, bajo el argumento de una vulneración a sus derechos de imagen o de autor.