Uno de los puntos principales incluidos en la Reforma Electoral es la reducción del número de regidores en los municipios
La Cámara de Diputados avaló, en lo general y lo particular, el Plan B de la Reforma Electoral tras un acalorado debate que se extendió por 14 horas, marcado por acusaciones y protestas.
Ahora que ya ha sido aprobado en la Cámara Baja, la minuta del dictamen fue remitida a los Congresos estatales, donde tendrá que ser analizado y discutido.
La reforma fue puesta a discusión en la sesión del miércoles 8 de abril. La votación en lo general registró 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones. Horas después, al votarla en lo particular, fue avalada por 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.
Cabe resaltar que Movimiento Ciudadano (MC) respaldó el dictamen en su votación en lo general, junto a Morena, PT y PVEM, pero en lo particular decidió ir en contra.
Este hecho generó molestias en los otros partidos de oposición, PRI y PAN, quienes reclamaron, tanto en tribuna como en redes sociales, que MC carecía de congruencia ya que, cuando el dictamen se votó en el Senado de la República, su bancada la rechazó ampliamente. Entre estos señalamientos, el presidente del PRI, llamó “arrastrados” al partido naranja.
Por su parte, MC justificó su respaldo en lo general apuntando que su interés de reducción de privilegios y austeridad incluidos en la propuesta de la Reforma Electoral.
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En la discusión fueron presentadas 137 reservas y en esta participaron un total de 131 oradores. Pese a la cantidad de intervenciones en el estrado, parte importante de los diputados no presentaron propuestas, sino dirigieron ataques contra otras bancadas y legisladores, cuyos discursos incluyeron insultos y señalamientos de todo tipo.
Entre acusaciones de "narcopolíticos", "corruptos", "vendepatrias", "paleros" y "traidores", diputados del PRI llamaron “pocos huevos” a los de MC. En tanto, se registró una protesta simbólica, cuando el diputado de MC, Sergio Gil Rullán, dejó una cubeta de chapopote frente a las y los diputados de Morena, en relación al derrame de crudo en el Golfo de México.
La bancada del PRI calificó el proyecto de centralista, autoritario y una "cortina de humo", denunciando además la falta de consulta a los pueblos originarios sobre los cambios en la estructura de los ayuntamientos.
Federico Döring, del PAN, cuestionó el beneficio de tener un Congreso "más barato" mientras, como señaló, persista la impunidad y la violencia en estados como Sinaloa, Baja California y Jalisco, realizando señalamientos directos sobre casos de corrupción y funcionarios relacionados con delitos.
Desde la bancada del PRI, el diputado Arturo Yáñez advirtió que el objetivo real no era generar ahorros, sino "asfixiar a los congresos locales y cortarle las piernas a la oposición en los municipios", poniendo en duda el destino final de los supuestos recursos económicos que se obtendrían.
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El Plan B propone la reducción del número de regidores en los municipios, por lo que la propuesta plantea que los ayuntamientos tengan entre siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo del tamaño de la población.
También, busca que ningún presidente municipal o regidor pueda recibir bonos u otros beneficios adicionales, más allá de su salario.
En el caso de los Congresos locales, se propone establecer un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Sin embargo, en caso de que un congreso ya se encuentra por debajo de ese porcentaje, sólo podrá aumentar su presupuesto en términos reales; si está por encima, deberá reducirlo.
También, en la iniciativa de contempla limitar las remuneraciones de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos locales, de modo que no puedan recibir salarios superiores al de la presidenta de la República.
Asimismo, se considera eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores u otros ingresos extra.
El proyecto incluye nuevas medidas de fiscalización para los partidos políticos, como la obligación de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, así como reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante sistemas bancarizados.
En este mismo rubro, establece que ningún dirigente partidista pueda ganar más que la presidenta y se refuerzan los mecanismos para evitar financiamiento irregular en campañas, incluyendo la prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable o provenientes del extranjero.
Diputados asistentes durante la sesión ordinaria. Foto: Cámara de Diputados
La propuesta estima que el INE solicite apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el origen de recursos cuando lo considere necesario. Cabe mencionar que en el caso del Senado, también se prevé una reducción progresiva del gasto hasta llegar al 15%.
Las modificaciones incluyen reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
Adicionalmente, se propone que el cómputo de votos federales comience en cuanto llegue el primer paquete electoral, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral.
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