La propuesta de la iniciativa fue presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila de Morena
Este jueves 28 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular una reforma al artículo 41 de la Constitución, la cual anula las elecciones cuando se acredite la existencia de intervención extranjera en el proceso.
Durante esa misma sesión, los legisladores avalaron la reforma al Poder Judicial que busca aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros para 2028, la cual también incluye la posibilidad de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse en dichos comicios.
La reforma fue avalada tras largas horas de debate, en una sesión que inició desde el miércoles 27 de mayo y se prolongó durante la madrugada de este jueves 28 de mayo.
Fue así que, durante esas horas, se debatió la iniciativa presentada por el diputado y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, que agrega, como causa para invalidar las votaciones, la injerencia extranjera.
Ante ello, con 307 votos a favor de Morena y aliados, 128 en contra de la oposición y una abstención, la reforma fue aprobada, por lo que la minuta fue enviada al Senado de la República.
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Al igual que en otros debates, los partidos oficialistas se volcaron a favor de la iniciativa, mientras que los de oposición se ubicaron en contra de la misma.
Los argumentos presentados por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que la reforma presentaba una ambigüedad jurídica, ya que no delimitaba estrictamente qué constituía “intervención”. Según afirmaron, la opinión de algún periodista, declaraciones de funcionarios extranjeros o informes de ONG internacionales podrían ser usadas como pretexto para anular elecciones que gane la oposición.
En tanto, el PAN condicionó su apoyo a la reforma si se agregaba en la misma, como causal de nulidad de elecciones, la intervención del crimen organizado. En esta misma línea, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera afirmó que este era otro mecanismo para que Morena se blindara de perder futuras elecciones, bajo el argumento de que ya controla el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.
Por su parte, Monreal defendió su propuesta y subrayó que el alcance de lo que deba considerarse como “intervención” tendrá que definirse en la ley reglamentaria. Asimismo, señaló que no se tomarían en cuenta las opiniones, publicaciones, entrevistas o notas de medios de comunicación o de periodistas con respecto a los procesos electorales.
No obstante, Rubén Moreira, diputado y coordinador de la bancada del PRI, le reclamó a Monreal que sus palabras no bastaban, pues él no sería quien en un futuro habría de determinar si una elección se anularía por dicha causa.
Pese a ello, diputadas morenistas como Dolores Padierna o Claudia García Hernández aplaudieron la iniciativa, trayendo a colación el apoyo de la oposición a gobiernos extranjeros y las presiones políticas desde Estados Unidos.
En este tenor, García Hernández aludió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalando que sus decisiones "se tomaban en Washington" y que actuaba como "conserje del patio trasero”. Además, recordó el caso de la CIA en dicha entidad, agencia que históricamente ha estado detrás de actos que han llevado al derrocamiento de varios gobiernos en América Latina y el mundo.
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La reforma agrega un inciso en la fracción VI del artículo 41 de la Constitución, con lo cual se añade una cuarta causal para anular las elecciones en México. De esta forma, podrían anularse votaciones locales y federales en las que se compruebe que existió la injerencia de ciudadanos, agrupaciones o gobiernos extranjeros.
Según lo establecido en el texto, la ley estipulará en primera instancia el sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando: “Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales".
En dicho marco legal se contemplan presiones diplomáticas, económicas o mediáticas, financiamiento ilícito, propaganda, desinformación, manipulación digital (bots) y todo tipo de acto que dañe la libertad y autenticidad de las votaciones.
Para ello será necesaria la acreditación de tales hechos, pues se puntualiza: “Que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales".
Aunado a esto, se precisó que la nulidad aplicaría solamente cuando se pueda demostrar objetivamente que la injerencia fue grave y determinante para el resultado de los comicios o la equidad del proceso.
Asimismo, se estableció que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el encargado de analizar cada caso y decidir si la afectación fue suficiente para invalidar la elección.
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