Autoridades detienen a Blanca Areli "N"; es señalada por su participación en el secuestro y muerte de Guillermo Adolfo en 2012
Después de permanecer 14 años prófuga de la justicia, autoridades ministeriales detuvieron en Tamaulipas a Blanca Areli “N”, señalada por su presunta participación en el secuestro y muerte de un menor ocurrido en 2012 en Veracruz.
La mujer, de 49 años y originaria de Soledad de Doblado, fue localizada en Reynosa, donde trabajaba como guardia de seguridad privada. Tras su captura, fue trasladada a Veracruz para quedar a disposición de las autoridades que darán seguimiento al proceso penal en su contra.
El caso está relacionado con el homicidio de Guillermo Adolfo Trejo Burguete, un menor que fue localizado sin vida el 29 de diciembre de 2012. De acuerdo con la investigación, Blanca Areli “N” habría tenido funciones dentro de una banda dedicada al secuestro que operaba en la zona centro del estado.
El 29 de diciembre de aquel año, Guillermo Adolfo fue encontrado muerto en el cruce de la calle Abasolo y avenida Paso del Macho. El menor presentaba lesiones y se encontraba amordazado, golpeado y maniatado.
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Las investigaciones establecieron que Blanca Areli “N” presuntamente se encargaba de llevar alimentos a las personas que permanecían privadas de la libertad por integrantes de la organización delictiva.
Por estos hechos, previamente fueron detenidos Carlos Luis Cruz, alias “El Papi”, y Jorge Manuel Ríos Arroyo, conocido como “La Borrega”, quienes también fueron relacionados con el caso.
La captura se realizó en Reynosa, Tamaulipas, luego de que las autoridades ubicaran a la mujer y ejecutaran la orden de aprehensión correspondiente.
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El mandamiento judicial fue reactivado el 9 de septiembre de 2026, mediante el oficio 3761-9, emitido por el juez mixto de primera instancia con residencia en Huatusco. El procedimiento está relacionado con la Causa Penal 05/2025, anteriormente identificada como 22/2013.
Blanca Areli “N” es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y privación de la vida del menor.
Tras su detención, las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes y será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.
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