El operativo encabezado por fuerzas federales en Sinaloa representa un golpe millonario a la delincuencia organizada en medio de presiones internacionales.
Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron tres narcolaboratorios clandestinos en Sinaloa, donde decomisaron más de cuatro toneladas de metanfetamina.
En el poblado de Los Haros, las fuerzas federales aseguraron alrededor de 4 mil kilos de droga, además de 4 mil 500 litros y 200 kilos de sustancias químicas y precursores, así como diverso material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
En una segunda acción, en el poblado Los Cedritos, se localizaron dos laboratorios adicionales.
En uno de ellos se aseguraron 400 litros de ácido acético, 1,200 kilos de sosa cáustica y diversas herramientas. En el otro inmueble fueron hallados 200 kilos de metanfetamina, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de mezcla, además de miles de litros de precursores químicos y solventes como tolueno, junto con otros insumos utilizados en la producción.
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De acuerdo con autoridades federales, este operativo representa una afectación económica estimada en más de 923 millones de pesos para la delincuencia organizada.
Las acciones se dan en medio de crecientes presiones de Estados Unidos para que México refuerce el combate contra la producción y tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.
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En este contexto, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han sido señalados como actores clave en estas actividades y fueron incluidos entre organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense el año pasado.
Además, autoridades estadounidenses han señalado a funcionarios de alto nivel en Sinaloa por presuntos vínculos con facciones criminales como Los Chapitos, lo que ha incrementado la presión política y judicial en torno al combate al narcotráfico en la entidad.
Algunos exfuncionarios estatales ya se han entregado a autoridades de Estados Unidos en medio de versiones sobre posibles acuerdos de cooperación con fiscales federales.
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