De acuerdo con la investigación, Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal y permitido su operación con impunidad.
El gobierno de Estados Unidos inició una ofensiva legal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, a quienes señala por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La estrategia, encabezada por el Departamento de Justicia, no solo contempla posibles sanciones penales, sino también el decomiso total de bienes relacionados con actividades ilícitas.
De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades estadounidenses buscan desmantelar la estructura financiera que, presuntamente, habría permitido la operación del grupo criminal mediante redes de protección institucional.
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La acusación formal señala que los implicados habrían participado en actividades como asociación delictuosa para la importación de narcóticos, además de facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Según el expediente, el objetivo es confiscar todos los bienes, propiedades y ganancias económicas que se hayan obtenido directa o indirectamente de estas actividades. Esto incluye activos que hayan sido transferidos, vendidos o incluso ocultos fuera de la jurisdicción original.
El alcance del decomiso es amplio. Las autoridades estadounidenses advierten que podrían incautarse cuentas bancarias, propiedades, vehículos, armas y cualquier otro activo vinculado a las operaciones ilícitas.
Además, el documento contempla la figura de “bienes sustitutos”, lo que significa que, si los activos originales no pueden ser localizados, se podrán asegurar otros bienes de los acusados hasta cubrir el valor estimado de las ganancias ilícitas.
Esta medida busca evitar que los implicados oculten su patrimonio mediante terceros o prestanombres.
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De acuerdo con la investigación, Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal y permitido su operación con impunidad, además de facilitar el nombramiento de funcionarios en posiciones estratégicas.
Asimismo, se menciona que otros servidores públicos habrían recibido pagos periódicos, conocidos como “narconómina”, a cambio de protección y filtración de información.
Las cantidades señaladas en el expediente indican que algunos funcionarios habrían recibido sobornos mensuales que iban desde los 5 mil hasta más de 16 mil dólares.
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El eje central del caso está relacionado con el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Las autoridades buscan rastrear las ganancias derivadas de este delito y recuperar cada recurso vinculado a su comercialización, como parte de una estrategia para debilitar económicamente a las organizaciones criminales.
En caso de que los acusados sean declarados culpables, el Departamento de Justicia procederá con la confiscación total de bienes, además de las sanciones penales correspondientes.
El proceso se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, donde un gran jurado ya emitió notificaciones de decomiso que afectan directamente a los implicados.
