El Congreso de Guanajuato aprobó la creación de un registro público de agresores sexuales de menores, impulsado por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
El Congreso de Guanajuato aprobó una reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para crear un registro público de personas agresoras sexuales de menores de edad, una medida que generó posturas encontradas entre legisladores.
La iniciativa, impulsada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, fue avalada por mayoría y contempla la incorporación de un nuevo apartado en la legislación estatal para dar seguimiento a personas sentenciadas por este tipo de delitos.
Foto: X (@polemicagto1)
La reforma establece que los jueces deberán ordenar la inscripción en el registro de quienes sean sentenciados por delitos como violación, abuso sexual, trata de personas, corrupción de menores, feminicidio, entre otros, cuando las víctimas sean menores de 18 años.
La inscripción se realizará una vez que la sentencia sea definitiva y permanecerá vigente durante el tiempo que dure la pena de prisión. Además, el registro se extenderá por 10 años adicionales tras la liberación del sentenciado.
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El padrón será administrado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que lo operará a través de su plataforma digital.
El carácter público del registro fue uno de los puntos más debatidos. Legisladores de Morena propusieron que la información fuera de acceso restringido únicamente para autoridades, con el argumento de evitar violaciones a derechos humanos, pero la propuesta fue rechazada.
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Algunos diputados señalaron que la medida podría representar una pena adicional que dificulte la reinserción social de las personas sentenciadas, mientras que otros defendieron su implementación como una herramienta para prevenir nuevos delitos.
Desde la oposición, se advirtió sobre posibles riesgos de inconstitucionalidad. La diputada Ruth Tiscareño Agoitia llamó a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar la reforma y, en su caso, promover acciones legales.
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En contraste, legisladores del PAN defendieron que la medida prioriza la protección de las víctimas, al considerar que los derechos de niñas, niños y adolescentes están por encima de otros derechos.
Incluso se planteó que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que determine si la reforma es constitucional.
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Con la aprobación del Congreso, el estado se suma a otras entidades que han implementado mecanismos similares para inhibir delitos sexuales contra menores.
Las autoridades argumentan que el registro funcionará como una medida disuasiva y de protección, aunque el debate sobre su impacto legal y social podría continuar en instancias judiciales.
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