El empresario Rolando Olivares denuncia por secuestro y extorsión a un grupo de intermediarios que tomó la empacadora San Gabriel en Martínez de la Torre
La disputa comercial que gira en torno a las deudas del empresario de cítricos Rolando Olivares Ahumada dio un giro inesperado, luego de que denunciara penalmente haber sido víctima de secuestro y extorsión por parte de un grupo de intermediarios conocidos en la región como "coyotes".
El conflicto inició cuando un grupo de productores de limón se manifestó a las afueras del Grupo Exportador San Gabriel, ubicado en Martínez de la Torre, para exigir el pago de montos millonarios que presuntamente no se han cubierto.
La falta de acuerdos económicos en las mesas de diálogo detonó el bloqueo de las instalaciones y el freno total a las actividades comerciales de la empresa.
Durante la reunión realizada el pasado 21 de octubre de 2026, la directiva del Grupo Exportador San Gabriel reconoció la existencia de retrasos financieros con sus colaboradores.
La propuesta de la empresa era revisar y saldar las cuentas de quienes contaran con documentos comerciales en regla, a cambio de liberar los accesos principales para reactivar las operaciones, pero los manifestantes rechazaron la oferta y mantuvieron el plantón.
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El empresario solicitó protección judicial para él y su familia tras denunciar que cerca de 20 hombres armados irrumpieron en la empacadora para privarlo de la libertad.
Según la declaración presentada ante el juez, el grupo ingresó a bordo de varios vehículos para intimidarlo, exigiendo dinero bajo amenazas.
El expresidente municipal de Martínez de la Torre y directivo de Grupo Exportador San Gabriel respaldó la denuncia y solicitó la intervención urgente de las fuerzas de seguridad estatales para resguardar el lugar.
La denuncia señala directamente a presuntos intermediarios identificados como Ricardo y Marco Martínez, alias "El Barril", como los responsables de ordenar la irrupción en la empresa.
De acuerdo con las investigaciones, "El Barril" estaría vinculado con Edwin Bladimir Martínez, alias "El Bladis", un sujeto detenido en septiembre de 2018 por liderar bandas dedicadas al secuestro y cobro de piso en la región limítrofe entre Puebla y Veracruz.
Los manifestantes continúan exigiendo sus pagos, mientras la empresa mantiene acciones legales por el bloqueo de sus operaciones.
Muchos de los trabajadores y productores reconocen que no cuentan con contratos firmados o facturas, ya que sus tratos se realizaron únicamente "bajo palabra" directamente con el empresario.
Esta falta de documentos ha frenado la conciliación de los pagos, dejando el conflicto en manos de las autoridades judiciales para determinar la validez de las deudas y resolver la denuncia por extorsión.
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