Organizaciones civiles pidieron la intervención de la ONU ante el riesgo que enfrentan personas buscadoras en Guanajuato, al denunciar omisiones de autoridades y un patrón de violencia e impunidad.
Organizaciones civiles solicitaron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas ante el aumento de desapariciones y el riesgo que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato.
En una carta dirigida al Alto Comisionado Volker Türk, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunció omisiones de autoridades locales que agravan la crisis.
El documento cita el informe CED/c/30/2, que advierte que la problemática en México requiere acciones no solo del gobierno federal, sino también de las entidades federativas.
Según la Plataforma, en Guanajuato existen fallas institucionales que obstaculizan el acceso a la verdad y la justicia.
Entre los casos documentados destaca la presunta sustracción de un menor por personas con uniforme militar y la posterior desaparición de su padre tras denunciar los hechos.
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A pesar de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas solicitó medidas de protección, la organización señala que estas no se implementaron de forma efectiva.
También se reportan retrasos en las búsquedas, omisión de líneas de investigación, incluida la posible participación de autoridades, y la existencia de más de 700 fosas clandestinas entre 2009 y 2025, con mil 352 cuerpos exhumados.
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La seguridad de quienes buscan a sus familiares fue identificada como una preocupación central. La Plataforma ha promovido más de 30 acciones urgentes ante instancias internacionales, mientras que organismos de la ONU han emitido diversas comunicaciones sobre la situación.
Además, la ONU-DH en México ha condenado el asesinato de al menos cinco personas buscadoras en la entidad en los últimos años, reflejando un entorno de alto riesgo e impunidad.
Foto: Gemini | POST-IA
Las organizaciones concluyeron que existe un patrón estructural de violencia contra personas buscadoras y ausencia de mecanismos efectivos de protección. Por ello, solicitaron que la ONU exhorte al gobierno estatal a reconocer el riesgo, garantizar investigaciones imparciales y cumplir con medidas cautelares.
Asimismo, pidieron al Estado mexicano establecer un protocolo nacional de protección, crear un registro público de agresiones y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con enfoque en zonas afectadas por el crimen organizado y perspectiva de género.
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Las organizaciones advirtieron sobre la urgencia de atender estas demandas para evitar que la búsqueda de personas desaparecidas continúe cobrando la vida de quienes la encabezan, en un contexto marcado por la violencia y la falta de respuestas institucionales.
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