Candidatos independientes en Michoacán deberán mantener su autonomía y las autoridades tendrán que acreditar con pruebas cualquier coordinación indebida.
El escenario para las candidaturas independientes en Michoacán cambió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisara las reglas que permiten identificar posibles actuaciones conjuntas. El Pleno mantuvo varias restricciones, pero eliminó criterios basados únicamente en la percepción de los electores.
La Corte consideró constitucional que estas candidaturas desarrollen sus campañas de forma individual y sin mecanismos de coordinación electoral colectiva.
Las prohibiciones incluyen:
Estas reglas, señaló la SCJN, son compatibles con las libertades de asociación, reunión y expresión.
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Los ministros explicaron que una candidatura independiente constituye una vía personal para ejercer el derecho a ser votado. Por esa razón, no puede funcionar en los hechos como un partido, coalición o alianza sin cumplir las reglas que corresponden a esas fuerzas políticas. Esto incluye disposiciones relacionadas con organización, financiamiento, fiscalización y permanencia.
El Pleno invalidó expresiones de los artículos 169, 230, fracción IV, inciso o), y 303 del Código Electoral de Michoacán. La razón fue que conceptos como percibir una identidad, bloque, frente, agrupación o plataforma común no permitían establecer con suficiente claridad cuándo existía una infracción.
También desapareció la expresión “o semejantes”, contenida en los artículos 304, fracción VII, y 318, fracción IV.
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La resolución no significa que las autoridades hayan perdido la posibilidad de sancionar acuerdos entre candidaturas. Ahora deberán respaldar esas decisiones con evidencias concretas.
Podrán servir como prueba:
La SCJN validó el Decreto 476, publicado el 27 de mayo de 2026, al considerar que cumplió con el plazo constitucional de 90 días. La resolución, emitida el 27 de agosto de 2026, establece que las candidaturas independientes no pueden ser sancionadas solo por percepciones del electorado, sino únicamente cuando exista evidencia objetiva de una coordinación indebida.
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