El asesinato de tres personas en la costa de Michoacán desató la condena de comunidades indígenas, que denunciaron la creciente violencia en la región.
La Comunidad Indígena de Santa María Ostula denunció el asesinato de tres personas (dos integrantes de la Comunidad de Pómaro y un profesor purépecha) tras un ataque armado ocurrido el 28 de mayo en la carretera federal 200, a la altura de Colola, en el municipio de Aquila.
De acuerdo con testimonios, un comando interceptó el vehículo en el que viajaban las víctimas, provocando además que una profesora resultara gravemente herida.
Foto: X (@Eco1_LVM)
Las personas asesinadas fueron identificadas como:
Asimismo, la profesora Adelaida Zacarías Pascual resultó con heridas de gravedad.
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A través del Congreso Nacional Indígena, autoridades de Ostula y representantes agrarios condenaron los hechos y exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.
En su posicionamiento, señalaron que el ataque no solo afecta a las víctimas directas, sino que representa una agresión contra los pueblos originarios de Michoacán y de todo México.
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Las comunidades denunciaron que estos asesinatos reflejan la grave situación de inseguridad que enfrentan desde hace más de dos décadas, marcada por la presencia del crimen organizado y conflictos territoriales.
Advirtieron que la violencia ha dejado una profunda huella en la Comunidad de Pómaro y en los pueblos indígenas de la región, especialmente por los vínculos históricos, culturales y familiares que comparten.
Foto: X (@Eco1_LVM)
En el comunicado, también rechazaron que los hechos sean utilizados con fines políticos o para criminalizar a sus sistemas de seguridad comunitaria.
Además, señalaron que acusaciones sin pruebas contra el presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, solo incrementan la inestabilidad en el municipio y agravan la crisis de seguridad.
Las comunidades hicieron un llamado a la unidad entre pueblos indígenas y habitantes de Aquila para exigir condiciones de seguridad efectivas.
Su exigencia central es clara: justicia para las víctimas, castigo a los responsables y el fin de la violencia sistemática contra los pueblos originarios, bajo la consigna de que no haya más impunidad.
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