La organización decidió sumarse al reciente informe sobre desapariciones en México, realizado por un grupo de la ONU, que señala que este delito constiste en un crimen de lesa humanidad
La organización por los derechos humanos no gubernamental, Amnistía Internacional, envío una carta al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), en la que se suma a la solicitud de dicho grupo al Estado mexicano a proporcionar toda la información sobre la desaparición forzada en el país, al tiempo que pidió que se declarara emergencia nacional ante la problemática.
El pasado 2 de abril el mencionado organismo de la ONU dio a conocer, tras publicar un informe, que llevaría el caso de desapariciones en México ante la Asamblea General, pues considera que en el país este delito compone un crimen de lesa humanidad.
En ese sentido, Amnistía Internacional México expresó su apoyo de la decisión del CED en activar el mecanismo, ya que lo consideró un “hito histórico que abre el diálogo” para que las autoridades mexicanas aborden “la grave crisis de desapariciones y forense que vive el país”.
Esto ante los datos que muestran que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 133 mil personas desaparecidas, existen más de 72 100 cuerpos sin identificar, se contabilizan más de 2341 colectivos de búsqueda y se han ubicado 5696 fosas clandestinas.
Sumada a esta postura, la organización dijo observar “con preocupación” que desde el gobierno mexicano se “ha mantenido una narrativa que minimiza la magnitud de la crisis”, ante las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum quien rechazó el informe del CED.
Cabe recordar que desde el Gobierno de México se rechazó el informe, pues, como sostuvo, el documento del CED “extrapola” los casos de cuatro estados del país (Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz) entre 2009 y 2017 y los lleva a 2025, hecho que la mandataria ha calificado como un falla metodológica.
Por ende, la carta de 13 páginas, tal como subrayó Amnistía Internacional México, pretende “proveer insumos” para el CED, por medio de dar “observaciones generales” sobre la desaparición forzada en México, hacer un recuento de las reformas constitucionales para atender esta materia y, también, dar mención sobre “la situación de desprotección” de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
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Dentro del texto, la organización también contradijo las afirmaciones de las autoridades mexicanas que han señalado que, a diferencia de los anteriores gobiernos, desde el Estado no se dicta una política de desaparición forzada.
Amnistía Internacional México señaló esto como una afirmación “parcialmente correcta”, pues, aunque el crimen organizado es un perpetrador central, en muchos casos los grupos operan “autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades”, al tiempo que existen casos en los que los servidores públicos “directamente” cometen este delito.
Amnistía Internacional dijo observar con preocupación el rechazo del informe del CED desde el gobierno mexicano. Foto: Facebook (Buscadoras Gto)
Cabe recalcar que, como se destacó en el informe del CED, que aunque no halló pruebas de una política deliberada del gobierno federal para desaparecer personas, el análisis de la magnitud, el patrón del delito y su afectación directa a la población civil los llevaba a determinar que constataba un crimen de lesa humanidad.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, declaró el grupo de la ONU en su informe.
Para acompañar la postura del CED, Amnistía Internacional señaló en su carta que existe una alta impunidad para el delito de desaparición, siendo del 99.6% a nivel nacional, siendo solo entre el 2% y el 6% de los casos han sido judicializados.
A esto, sumaron la ausencia de una política nacional de prevención y la ineficacia de los mecanismos de búsqueda oficiales, lo que obliga a las familias a emprender búsquedas por su cuenta, enfrentando graves riesgos como asesinatos, amenazas y estigmatización por parte de las autoridades.
Amnistía cuestionó que el Estado mexicano no participe en la desaparición forzada. Foto: Facebook (Madres Buscadoras De Sonora)
Aunado a esto, la organización no gubernamental descalificó recientes reformas, como la reforma al Poder Judicial, a la Ley de Amparo, la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), las cuales podrían “debilitar aún más el acceso a la justicia en un país donde el sistema judicial” en su juicio.
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Más allá de lo anterior, el grupo ofreció tres recomendaciones para que el Estado mexicano implemente dichas medidas, entre la que se incluye llamar a la desaparición forzada como una “emergencia nacional”. Esta serie de recomendaciones señala:
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