Dentro del reporte, la organización acusó que las autoridades actúan de forma "deficiente" ante el problema de la desaparición en el país
La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció que, durante 2025, las desapariciones en México aumentaron más del 10% respecto a 2024.
En las últimas semanas, el organismo ha dado un seguimiento puntual a esta problemática; por ello, el pasado 14 de abril envió una carta al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) para sumarse a la exigencia de que el Estado mexicano proporcione información exhaustiva sobre la problemática y se declare una emergencia nacional por este delito.
Las afirmaciones fueron publicadas el 20 de abril y presentadas dentro del informe anual de la organización, en el que se hace un análisis de los derechos humanos en el mundo.
De manera general, Amnistía Internacional afirmó que en 2025 los derechos humanos fueron “presa de depredadores voraces, de saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos”.
El informe anual de Amnistía Internacional fue publicado el 20 de abril. Captura de pantalla: Amnistía Internacional
Entre estos “depredadores” incluyó a Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, de quienes dijo: “ desplegaron una ofensiva de conquista para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva”.
Más allá de su evaluación general, el organismo sostuvo que la cifra de personas desaparecidas en México creció 10.5% en 2025 y, para diciembre del año pasado, el número de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a 133 500 casos.
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Entre la situaciones que destacó sobre la desaparición forzada en México, Amnistía Internacional señaló que en 2025 seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres) fueron asesinadas.
Asimismo, mencionó que el año pasado el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado mexicano reconocer formalmente a las buscadoras como una categoría específica de defensoras de derechos humanos.
Ceci Flores y buscadoras de Madres Buscadoras De Sonora. Foto: Facebook (Madres Buscadoras De Sonora)
Además, pidió que monitoreara la violencia específica que sufrían, les garantizara medidas de protección con perspectiva de género, les proporcionara reparación integral del daño y las incluyera en los procesos de verdad y memoria.
Por otro lado, externó que en 2025 no se actualizaron los datos oficiales sobre fosas clandestinas, pese a que colectivos ciudadanos hallaron entierros en al menos 10 entidades.
Entre estos casos, mencionaron el del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el cual fue encontrado por el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco en marzo de 2025, un sitio empleado como campo de reclutamiento forzado, el que existen indicios de asesinatos y en el que fueron hallados decenas de artículos personales, tales como zapatos, mochilas y credenciales.
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En tanto, se recordó que en abril del año pasado el CED anunció que activaría por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas con respecto a la situación de México. Esto, con el fin de analizar si las desapariciones en México eran sistemáticas o generalizadas y someter la cuestión a la Asamblea General de la ONU.
Objetos encontrados en el Rancho izaguirre. Foto: Flickr (FGE Jalisco)
El pasado 2 de abril de 2026, el CED concluyó que existen indicios de crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual llevará el caso ante la Asamblea General de la ONU.
Amnistía Internacional reprochó la respuesta del Gobierno de México, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas. Además, criticó que el Senado solicitara sancionar al presidente del CED por "especular" sobre la naturaleza generalizada de este crimen.
La administración federal, como han reiterado la mandataria y otras autoridades, ha rechazado el informe debido a que considera que tiene fallas metodológicas e irregularidades, pues “extrapola” los casos de cuatro estados del país (Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz) ocurridos entre 2009 y 2017, para sustentar conclusiones que pretenden abarcar hasta 2025.
Entre otras situaciones que Amnistía Internacional denunció, están la aprobación de modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y cambios, en relación también con las desapariciones, a la Ley General de Población.
Aunque el grupo reconoció que los alcances de esta reforma se centran en alcanzar un “cruce masivo de datos” por medio de la creación de una plataforma única de identidad, criticó que, derivado de esta iniciativa, se creó un documento de identidad que incluía datos biométricos (el CURP Biométrico).
Sobre este calificaron que su creación supone “un riesgo para la privacidad” y puede usarse “para vigilar a la ciudadanía”. Asimismo, criticaron que la medida “no combatía la impunidad ni reforzaba las fiscalías o el Centro Nacional de Identificación Humana con el fin de reducir el rezago forense”.
“En septiembre, el Senado eligió a las 13 personas que conformarían el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y que llevaba 16 meses inoperativo”, incluyeron en sus críticas.
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