5 decisiones políticas que marcaron a México en 2025
El primer año de Sheinbaum transcurrió entre presiones externas del gobierno de Trump, reformas controvertidas y una problemática de seguridad latente
El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo acompañado por uno de los años mas convulsos para México de la última década, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional, especialmente luego de que el mundo enfrentó la pandemia de COVID-19 a principios de 2020.
Quizás, estas tensiones internas y desafíos en el ámbito internacional podrían resumirse principalmente ante tres frentes: el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, junto a su serie de aranceles al mundo y su campaña contra el “narcoterrorismo”; la problemática de seguridad que cruza México desde hace décadas; y un reacomodo político en el país pese a que la administración de Sheinbaum resultó la reiteración del programa político de la llamada cuarta transformación.
El envío de petróleo mexicano a Cuba como política soberana
La tónica de la política exterior mundial del 2025 ha tenido a Trump en el centro, incluido todo el aparato gubernamental estadounidense, desde sus funcionarios de gabinete hasta los legisladores del Congreso de los Estados Unidos.
A estas alturas del partido, las amenazas de campaña de Trump hacia el mundo se convirtieron en aranceles, sanciones, nuevos acuerdos económicos y políticos, operaciones militares e, incluso, “planes de paz”, en medio de su cruzada contra las drogas (especialmente el fentanilo) y el “narcoterrorismo”.
Bajo esta lupa, desde agostó Estados Unidos anunció una operación militar en el Caribe (extendida después al Pacífico oriental), para intensificar su lucha contra el narcotráfico en el mar, hecho que, desde septiembre y hasta ahora, ha derivado en el asesinato de al menos 107 personas tras ataques contra 31 embarcaciones.
Si bien, la medida ha tenido como fin presionar a los gobiernos de Venezuela y Colombia, el hecho se ha extendido a toda la región de América Latina, teniendo también a México como blanco, con mensajes confusos desde la administración de Trump, con insinuaciones a una intervención militar o celebrando al gobierno de Sheinbaum.
Entre la presión estadounidense, a la que han reaccionado voces al interior de México, está el envío a Cuba de miles de barriles de crudo mexicano, aportaciones que no nacieron en la administración de Sheinbaum, sino se han mantenido desde la presidencia del priísta Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó entre 1988 a 1994.
La isla, que enfrenta un embargo de Estados Unidos desde 1958 (el cual la ha aislado y generado diversas afectaciones a su sistema económico), se encuentra inmersa en una crisis energética desde agosto de 2022, tras el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, uno de sus depósitos de combustible más importantes, lo que ha acentuado sus problemas de abastecimiento y generación de energía.
En ese sentido, la ayuda energética de México a Cuba ha incrementado desde 2023, la cual ha sido sostenida e, incluso, ha incrementado, cuestión que ha sido señalada por asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según las investigaciones de este grupo, entre mayo y agosto de 2025, México envió a Cuba más de 3 mil millones de dólares en combustible subsidiado, por medio de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), Gasolinas Bienestar, cifra tres veces mayor al monto total de 2023 y 2024, cuando se reportó el envío de hidrocarburos equivalente a mil millones de dólares.
En tales envíos fue empleado el buque Sandino de Cuba, según afirma el estudio, embarcación que desde 2019 fue sancionado por Estados Unidos al incluirlo en la lista de individuos y compañías embarcadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en sus siglas en inglés), luego de transportar petróleo de Venezuela a territorio cubano.
A esto, se suma la información del Instituto de Energía de la Universidad de Texas facilitada a la agencia EFE, la cual fue divulgada por diversos medios a mitades de este diciembre, que apuntaron que México envió en este mes 80 000 barriles a Cuba, desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en la terminal de Pajaritos de Pemex.
Entre quienes señalan que los datos sobre la cantidad del crudo y el coste total permanecen no aclarados en su totalidad (en el contexto del plan anunciado en agosto por Sheinbaum para financiar a la paraestatal y sacarla de la deuda millonaria con el objetivo de darle viabilidad productiva), la presidenta afirmó que México envía el crudo por razones humanitarias y recalcó que el país ha respaldado a Cuba históricamente ante el embargo de Estados Unidos.
“Todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo”, dijo la presidenta en su conferencia del 22 de diciembre.
“Nuestra posición es soberana, es una decisión soberana […] Los pueblos no tienen por qué sufrir; el bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo”, agregó.
No obstante, días antes diversos congresistas estadounidenses repudiaron que México enviara el crudo a Cuba. En estas reprimendas, estuvo el republicano Carlos Gimenez, quien amenazó que, de seguir esto, el gobierno mexicano sería blanco de "severas consecuencias".
Igualmente, la republicana María Elvira Salazar, envió un mensaje a Sheinbaum, a quien dijo: “Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba”.
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Reformas y agendas legislativas que reconfiguraron el debate público
En el ámbito legislativo la gran cantidad de iniciativas, reformas y modificaciones constitucionales atravesaron un escenario similar a lo largo de 2025: señalamientos, acusaciones variopintas y discusiones acaloradas entre el oficialismo y los partidos de oposición, casi a manera de performance.
En esta generalidad, Morena, PT y PVEM acostumbraron actuar en conjunto respaldando los dictámenes, mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) también frecuentaron funcionar en bloque, alineando sus votos en contra.
Dentro de ese patrón de votaciones predecible y claramente definido, ciertas reformas rompieron la inercia por el alcance de sus efectos, particularmente por sus implicaciones políticas y sociales, señaladas por la oposición de ser autoritarias.
Diputadas y diputados durante sesión ordinaria del 3 de diciembre. Foto: Cámara de Diputados
Tal fue el caso del CURP biométrico, surgido tras la creación de la plataforma “Llave MX”, como uno de los efectos de la aprobación de la reforma a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Dicho dictamen derivó de una serie de iniciativas y acciones orientadas a atender el delito de desaparición y no localización de personas en México, anunciadas por Sheinbaum tras el caso del Rancho Izaguirre.
La medida fue acusada como una reforma regresiva y autoritaria por la oposición, afirmando que era una forma de control gubernamental, un riesgo de posible uso indebido de los datos personales y biométricos de la población, violación al federalismo y la construcción de un sistema de vigilancia masiva.
En estas mismas acusaciones de autoritarismo, estuvieron las reformas en materia de seguridad, las cuales, como señalaron las autoridades federales, tienen como objetivo a fortalecer las metas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la administración de Sheinbaum.
Tales son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia (denominada por la oposición como “Ley Espía”, ya que, entre varias aspectos, establece mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones, autoridades y entes de seguridad, para acceder a bases de datos y registros biométricos).
A ello, se suma la nueva Ley de la Guardia Nacional, que incorporó a la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho que la oposición también denunció como una forma de militarización del país y un riesgo de espionaje.
Fuera de este rubro, también figuró la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, igualmente acusada de promover la censura y el autoritarismo.
Entre los aspectos más relevantes y cuestionados de la iniciativa estuvo la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señalando la medida como una forma centralizar las atribuciones de regulación de contenidos en el país.
Cabe señalar que durante su trámite legislativo y por instrucción de Sheinbaum, se eliminó un apartado que creaba una legislación para sancionar a plataformas digitales, tras acusar a la medida como una forma de censura.
Entre los dictámenes también criticados, estuvo la reforma a la Ley de Amparo, cuyo eje del debate fue un transitorio aprobado en el Senado, que abría la puerta a la retroactividad de la iniciativa, aspecto que el propio Ejecutivo calificó de anticonstitucional, por lo que llamó a cambiar su redacción. El dictamen finalmente fue corregido en la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, estuvo la discusión referente al Paquete Económico 2026, sobre las las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con aumentos a los impuestos sobre bebidas saborizadas, cigarros, videojuegos y juegos con apuestas, entre más.
Aunque los llamados “impuestos saludables” y el gravamen a los videojuegos fueron duramente criticados por diversos sectores, únicamente se dio marcha atrás al impuesto a los videojuegos, debido a las complicaciones técnicas y legales para definir cuáles debían ser gravados, como informó Sheinbaum el 23 de diciembre.
Finalmente, estuvo la creación de la Ley General de Aguas y la reforma de Aguas Nacionales, legislaciones que, según la oposición, permitirán que el gobierno federal tenga una concentración excesiva del poder de dicho recurso, generará riesgos, como el uso del líquido con fines políticos, apuntando que, con ella, Morena estaba traicionando a los campesinos del país.
Entre los temas legislativos que, muy probablemente, marcarán la agenda del 2026, está la reforma para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas.
A esta, y especialmente, se unirá la ya polémica reforma electoral, que desde octubre pasó por un periodo de consultas, foros y mesas de discusión, con las cuales se está diseñando una propuesta que, en enero de 2026, se enviará al Congreso de la Unión.
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Presentación del Plan México con 277 mil millones de dólares en inversión
A tres meses de su toma de posesión, la presidenta presentó el Plan México el 13 enero de este año, un programa integral, que incluye un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras de 277 mil millones de dólares, conformado por 13 metas cuyos alcances contemplan:
- Pasar de la economía número 12 a la décima en el mundo.
- Elevar la proporción de inversión respecto al PIB, arriba del 25%.
- Generar 1.5 millones de empleos más.
- Aumentar al 50% la proveeduría y el consumo nacional, en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes.
- Aumentar en 15% de contenido nacional.
- El 50% de las compras públicas serán de producción nacional
- Fabricar vacunas hechas en México
- Reducir los trámites para la inversión en México de 2.6 a un año.
- Incrementar 150 mil profesionistas y técnicos anuales adicionales a los que ya se generan
- Sostenibilidad ambiental empresarial.
- 30% de PYMES con acceso a financiamiento.
- Ser uno de los cinco países más visitados a nivel mundial
- Disminuir la pobreza y la desigualdad
El programa, concebido como una apuesta a largo plazo para impulsar la economía mexicana, sufrió un revés el 20 de enero, día en el Trump regresó a La Casa Blanca y que confirmó sus amenazas arancelarias al país.
Horas después de su investidura presidencial, el mandatario anunció que a partir del 1 de febrero aplicaría aranceles adicionales del 25% a las importaciones de Canadá y México, como represalia por, según dijo, “no hacer lo suficiente” para frenar el flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, medida que iba en contra del tratado comercial pactado entre las tres naciones.
Durante las semanas y meses siguientes, el mandatario estadounidense continuó realizando anuncio tras anuncio sobre nuevas tarifas arancelarias dirigidas tanto a países como a bloques políticos, así como a bienes y productos específicos, lo que provocó una convulsión en los mercados y en las economías a nivel mundial, acentuado ante la guerra económica entre Estados Unidos y China.
El gobierno de Sheinbaum logró gestionar ciertos embates de Trump, obteniendo acuerdos para pausar la aplicación de las tarifas o dirigirlas a ciertas reglas de exportación; sin embargo, no pudo evitar los aranceles a automóviles y autopartes, ni al cobre, al acero y al aluminio impuestos a nivel global.
Ante la creciente incertidumbre comercial, que en abril alcanzó uno de sus puntos más altos, ya fuera con el Fondo Monetario Internacional anunciando que los aranceles de Trump provocarían "notables" desaceleraciones económicas globalmente, o el Banco Mundial reduciendo su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe, Sheinbaum optó por reorientar el Plan México.
Así, el 3 de abril, un día después de que Trump anunciara sus “aranceles recíprocos” a decenas de países, Sheinbaum dio a conocer 18 programas y acciones del Plan México para contener la contingencia, entre los que se incluyeron:
- Ampliación de la autosuficiencia alimentaria y energética
- Aceleración de proyectos de obra pública y vivienda
- Aumento de la producción nacional de acero, aluminio y vehículos, así como de la industria farmacéutica, petroquímica y de fertilizantes
- Aceleración del portafolio de inversiones
- Licitación de 15 Polos de Bienestar
- Mayor inversión en investigación científica y tecnológica, entre otras medidas.
Para sostener tales acciones, el gobierno federal ha promovido los “Polos de Desarrollo Económico”, que habrán de ser piezas fundamentales del plan y de los cuales se han anunciado 15, situados en: Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo (2), Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Estos, como se afirmó, serán zonas delimitadas, como centros económicos y parques industriales, que concentrarán inversión pública y privada para impulsar la actividad productiva, generar empleos calificados, que combinen inversión, innovación y planeación territorial.
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Reforma al sistema judicial con elecciones de jueces
La elección al Poder Judicial se colocó como otro de los puntos álgidos del panorama político de México de 2025. El producto de lo que fue, quizá, la reforma más polémica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que, pese al intrincado camino marcado por amparos y reveses legales, se cristalizó el domingo 1 de junio de este año.
Ese día se eligieron 2681 cargos para dicha elección: 1800 correspondientes a los Poderes Judiciales de 19 entidades y 881 del Poder Judicial de la Federación, distribuidos de la siguiente manera:
- Nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Dos magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistraturas de Circuito
- 386 juezas y jueces de Distrito
Considerando la magnitud de cargos en disputa, a los que contendieron 3422 candidatas y candidatos, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó la votación mediante la entrega de seis boletas, correspondientes a cada tipo de cargo a elegir.
Sin embargo, el ejercicio resultó torpe, no solo por la difícil promoción de cada una de las candidaturas, sino también por el escaso interés ciudadano, pese a la relevancia de los cargos a elegir.
A ello se sumó una mecánica de votación confusa que, según datos de El Financiero, tomaba en promedio 10 minutos en completarse.
De acuerdo con cifras del INE, la participación fue de 12 965 574 de personas, equivalente al 13.02% del electorado, un número que contrastó con las elecciones federales de 2024, cuando votaron 60 115 184 personas, es decir, el 61.05% del padrón.
A la polémica se añadieron los “acordeones” judiciales, detectados en distintas regiones del país, en los que se indicaba por qué candidatas y candidatos votar (varios de ellos afines al proyecto de Sheinbaum).
Estos materiales motivaron impugnaciones, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó posteriormente la elección al señalar que no existían “pruebas plenas” de que influyeron en el voto.
Asimismo, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe sobre las elecciones judiciales, en el que desaconsejó al resto de países de América replicar el modelo de México, principalmente por los bajos niveles de participación.
Pese a todo lo anterior, el 1 de septiembre se renovó el Poder Judicial, cuyo acto más representativo fue el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que actualmente encabeza el presidente magistrado Hugo Aguilar Ortiz.
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El punto de inflexión de la seguridad en el primer año de Sheinbaum
Pese a la contingencia y crisis provocada por el clima generado por Trump, de manera interna el golpe más duro que vivió la administración de Sheinbaum en 2025 surgió tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
El asesinato, ocurrido la noche del 1 de noviembre, mientras el edil participaba en un acto público de la Feria de las Velas y se encontraba rodeado de decenas de personas, trajo de nuevo al frente la crisis de inseguridad que se vive desde hace décadas en el país.
Manzo fue diputado federal por Morena de 2021 a 2024; sin embargo, en ese mismo año contendió como candidato independiente a la presidencia municipal de Uruapan, cargo que ganó.
Era un personaje muy querido en su municipio y ampliamente conocido en redes sociales, especialmente por sus críticas al gobierno de Sheinbaum y a su estrategia de seguridad. Su postura de “mano dura” en esta materia le valió el mote de “Bukele mexicano”.
Al ser una figura de la oposición reconocida, la indignación por el asesinato provocó una importante reacción social, con fuertes protestas en Uruapan y Morelia. La situación también fue aprovechada por diversas figuras, incluido Ricardo Salinas Pliego, además de que el homicidio ayudó impulsar las movilizaciones en el país de la llamada Generación Z.
El clima inevitablemente puso en crisis a la administración de Sheinbaum yy volvió a evidenciar el complejo panorama de inseguridad en Michoacán, que pocas semanas antes, el 20 de octubre, había registrado otro episodio violento de alto impacto tras el hallazgo sin vida de Bernardo Brado Manríquez, líder citricultor del Valle de Apatzingán, una región donde los agricultores desde hace años enfrentan el acoso y la extorsión del crimen organizado.
En ese sentido, el caso de Manzo también puso en relieve cuán expuestos están los jóvenes ante el narcotráfico, ya que, de acuerdo a las investigaciones, en la organización del asesinato fueron parte esencial varios jóvenes, incluido un adolescente de 17 años, quien cometió el homicidio.
Ante este escenario, Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos, que busca atender la crisis de inseguridad del estado desde el desarrollo económico, la educación, la salud, la vivienda, la cultura, la juventud y planes de justicia para pueblos indígenas.
Por otro lado, la magnitud del reto se enmarca en un escenario nacional complejo: de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el 30 de noviembre de este año México ha registrado 21 743 homicidios dolosos, lo que equivale a un promedio diario de 54.7 casos.
Comparado con septiembre de 2024, cuando el promedio diario era de 86.9 homicidios, con 23 378 asesinatos ocurridos entre enero a septiembre del año pasado, las autoridades federales han recalcado que, dentro del primer año de gobierno de Sheinbaum, han logrado una reducción del 37% en este delito.
Aunque el Gabinete de Seguridad de Sheinbaum ha insistido en que aún queda mucho trabajo por hacer para consolidar la tendencia a la baja registrada durante los últimos 14 meses, las cifras remiten a una realidad dolorosa, que son un recordatorio de la magnitud de la violencia que persiste en el país.
En ese sentido, el homicidio doloso representa la consecuencia más grave de la compleja estructura del crimen organizado, cuyas redes criminales se extienden a múltiples delitos y modalidades criminales, influyendo en actores políticos, sociales y económicos.
Aunado a estos datos, uno de los delitos más extendidos, también vinculado al crimen organizado, es el de la extorsión, el cual las autoridades federales han admitido que en este 2025 tiene un incremento acumulado del 23.1% hasta noviembre.
Gráfica con el promedio diario de delitos de alto impacto hasta noviembre de 2025. Captura de pantalla: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Es por esta razón que, desde julio, se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla diversas medidas, incluida la implementación del número 089, cuya línea telefónica sirve para denunciar anónimamente y prevenir las consecuencias de este delitos.
Adicional a este plan, en 2025 se han impulsado legislaciones en este rubro, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión propuesta por Sheinbaum y aprobada en noviembre, que, como puntos principal, homologa el delito en las 32 entidades y obliga a que se investigue de oficio, sin que exista una persona denunciante plenamente identificada, además de endurecer penas y agravantes.
Posteriormente, el pasado 11 de diciembre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que busca armonizar las leyes en esta materia en todas las entidades, la creación o fortalecimiento de áreas especializadas en fiscalías, entre otras medidas.
A este de por sí marco tan intrincado, se une la situación que se vive en el estado de Sinaloa, entidad que desde el 9 de septiembre de 2024 está sumergida en una ola de violencia sostenida, provocada por la guerra interna del Cártel de Sinaloa, entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.
A casi 16 meses de aquel hecho, Sinaloa enfrenta desde hace más de un año una vida cotidiana rota, con reportes constantes de homicidios, privaciones de la libertad, enfrentamientos, bloqueos carreteros y actos vandálicos a viviendas y negocios, entre disparos y quema de propiedades, cuyo ritmo suele variar de intensidad semana con semana.
De acuerdo a los datos ofrecidos por el medio local, Noroeste, del 9 de septiembre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, el saldo de esta guerra ha dejado:
- 2576 homicidios dolosos (5.4 diarios)
- 2979 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
- 8863 vehículos robados (18.6 diarios)
- 2007 personas detenidas (4.2 diarios)
- 161 personas abatidas
Aunque Sheinbaum ha implementado el despliegue de decenas de fuerzas federales en la entidad, el pasado 22 de diciembre rechazó cambiar de estrategia e implementar un plan similar al de Michoacán, recalcando que su principal objetivo es la protección de la población.
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