Tabasco fue la primera entidad en la que su Congreso aprobó el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum
Los Congresos locales de 20 estados del país ya aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, hecho que la avala como constitucional.
Este viernes 10 de abril la mandataria celebró la certificación de la legislación, destacando que la esencia de su propuesta está enfocada en reducir los privilegios a nivel federal.
Tras su aprobación, en lo general y lo particular, la Cámara de Diputados remitió la minuta a los 32 Congresos estatales durante la madrugada del 9 de abril, para que el proyecto fuera evaluado en cada uno de ellos.
Fue así que el primero en aprobarlo fue el de Tabasco, quien le dio su aval alrededor de las 03:00 horas, con 27 votos a favor y uno en contra.
Seguido de estos, demás Congresos estatales se unieron a la ratificación de la iniciativa, los cuales, hasta el momento, se conforman de esta forma:
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En su conferencia matutina de este 10 de abril, la mandataria celebró que 20 congresos estatales ya hayan aprobado su Plan B, por lo que mostró los “seis grandes logros” de su alternativa a la Reforma Electoral.
“Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino sobre todo abajo los privilegios, con todas sus letras”, dijo. Los seis puntos que Sheinbaum calificó como logros fueron:
La presidenta destacó que ahora falta que el dictamen regrese al Senado de la República al finalizar el proceso en Congresos locales y así poder hacer la declaratoria de constitucionalidad y así publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
"Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el DOF", señaló.
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El Plan B propone la reducción del número de regidores en los municipios, por lo que la propuesta plantea que los ayuntamientos tengan entre siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo del tamaño de la población.
También, busca que ningún presidente municipal o regidor pueda recibir bonos u otros beneficios adicionales, más allá de su salario.
En el caso de los Congresos locales, se propone establecer un tope presupuestal equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Sin embargo, en caso de que un congreso ya se encuentra por debajo de ese porcentaje, sólo podrá aumentar su presupuesto en términos reales; si está por encima, deberá reducirlo.
También, en la iniciativa de contempla limitar las remuneraciones de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos locales, de modo que no puedan recibir salarios superiores al de la presidenta de la República.
Asimismo, se considera eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores u otros ingresos extra.
El proyecto incluye nuevas medidas de fiscalización para los partidos políticos, como la obligación de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, así como reportar en tiempo real sus operaciones financieras mediante sistemas bancarizados.
En este mismo rubro, establece que ningún dirigente partidista pueda ganar más que la presidenta y se refuerzan los mecanismos para evitar financiamiento irregular en campañas, incluyendo la prohibición de recursos ilícitos, de origen no comprobable o provenientes del extranjero.
La propuesta estima que el INE solicite apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el origen de recursos cuando lo considere necesario. Cabe mencionar que en el caso del Senado, también se prevé una reducción progresiva del gasto hasta llegar al 15%.
Las modificaciones incluyen reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
Adicionalmente, se propone que el cómputo de votos federales comience en cuanto llegue el primer paquete electoral, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral.
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