La debacle de Ueno Bank vino tras maniobras fraudulentas descubiertas, entre las que destaca la simulación de una venta de cartera crediticia
Los nombres del presidente Santiago Peña Palacios y de la entidad Ueno Bank se han convertido en los temas más sensibles en Paraguay, debido a la una profunda crisis financiera y política que han desatado en su país, la cual ya capta la atención internacional.
De ser considerado un caso de éxito y de contar con una cartera de clientes que abarcaba a casi la mitad de la población paraguaya, la solvencia del banco privado cayó en picada, dejando a millones de personas sin acceso a sus ahorros, además de comprometer los fondos públicos allí resguardados.
Ante su relación con el grupo financiero y la creciente presión para someterlo a juicio político, Peña Palacios presentó su renuncia a la presidencia. Sin embargo, esta decisión no restaura la crisis política desatada por el caso, pues el debate en el Congreso no se limita a aceptar su dimisión, lo que le otorgaría inmunidad parlamentaria, sino a llevarlo a juicio político para que responda legalmente por el colapso bancario.
Los orígenes de Ueno Bank se remontan a 1976 con la fundación de Financiera El Comercio. Esta firma, que logró más de 45 años de trayectoria, se hizo conocida en el país por sus servicios en créditos personales, empresariales, de vivienda y de consumo.
No obstante, en abril de 2021 fue adquirida por el Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales e industriales más importantes de Paraguay. Para septiembre de ese año, el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la transacción.
La creación de Ueno Bank ocurrió en 2023. Foto: Google Maps (Denis Estigarribia)
Dos años después de estos cambios, en 2023, Financiera El Comercio se convirtió en Ueno Bank, movimiento que permitió al banco tener acceso formal al sistema financiero paraguayo. En medio de este rápido avance, en 2024 absorbió Visión Banco, un paso que fue clave para su consolidación.
Esta operación permitió al banco privado incorporar su infraestructura, red de sucursales y clientes, sumando con ello a más de un millón de usuarios.
Así, el crecimiento de Ueno Bank se presentaba como un caso de éxito, ya que, mientras a finales de 2023 reportaba tener más de 500 mil clientes y haber incorporado a cerca de 140 mil personas sin cuenta bancaria previa, para septiembre de este año ya sumaba 2.9 millones de usuarios.
La suma no era menor ya que abarcaría a cerca de la mitad de la población del país, pues, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, Paraguay actualmente cuenta con 6.5 millones de habitantes. Asimismo, y dependiendo del cálculo, mientras que expertos señalaban que uno de cada dos paraguayos era su cliente, otras estimaciones proyectaban que sus usuarios representaban a seis de cada diez adultos en el país.
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La relación del presidente paraguayo con Ueno Bank data, al menos, de 2023. Según aseguró en abril de 2025, Peña Palacios fue inversor de Credi Centro, firma precursora de Ueno Holding que, a su vez, es dueña del banco privado.
En su declaración patrimonial de 2023, año en el que fue elegido presidente, reportó tener una participación accionaria de 6.144 millones de guaraníes en Ueno Holding.
En ese mismo año, ya como presidente, dio curso a la Ley N.° 7253/23, con la cual se creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones (SJP), cuyo objetivo era regular, fiscalizar y supervisar integralmente los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones públicas y privadas.
Así, por medio de esta ley, los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) fueron transferidos a Ueno Bank, recursos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales, lo que llevó al banco a concentrar gran parte de los ahorros de los adultos del país. Según estimaciones, el IPS mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad, mientras que cerca de 32 mil jubilados recibían sus pagos a través del banco.
Los nexos de Peña Palacios y otras figuras de la política del país fueron señalados desde ese momento, pero en abril de 2025 el presidente afirmó que había dejado de ser accionista a principios de ese año tras vender sus acciones, aunque los señalamientos sobre la colocación del dinero público en el banco siguieron vigentes.
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Pese a una fachada de éxito, previo al estallido de la crisis financiera, el Banco Central del Paraguay (BCP) ya había advertido a Ueno Bank sobre el otorgamiento excesivo de créditos a empresas vinculadas a sus propios propietarios.
La investigación del BCP y el Ministerio Público señaló que la entidad habría utilizado un grupo de empresas intermediarias para financiar indirectamente la adquisición de sus propios créditos incobrables con recursos originados en la misma institución, evadiendo así los controles regulatorios que prohibían prestarle tanto dinero a sus dueños y allegados, mediante la falsa venta de cartera crediticia por 74.4 millones de dólares.
La maniobra, ejecutada el 15 de junio de 2026 mediante la empresa Vinanzas S.A., involucró transferencias millonarias desde sociedades como HD Invest E.A.S., Satec S.A. y el Grupo Vázquez, las cuales habían recibido previamente créditos de Ueno Bank.
Esta triangulación económica permitió ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad financiera, manteniendo artificialmente los riesgos dentro del mismo circuito empresarial y proyectando una falsa reducción de su cartera irregular ante el regulador.
Así, la debacle llegó el martes 3 de noviembre, cuando el BCP paraguayo anunció de forma imprevista el inicio del proceso de disolución de Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia había descendido a menos de la mitad del mínimo reglamentario, a pesar de que públicamente la institución se presentaba como un caso de éxito financiero.
Ese mismo día, el director de la entidad, Federico Miguel Vázquez Villasanti, se puso a disposición de las autoridades judiciales luego de que la Fiscalía General ordenara su captura.
Vázquez Villasanti se encuentra señalado en la imputación formal que abarca a 27 personas, entre las cuales figuran ocho directivos, a los que se les atribuyen delitos como lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Los vínculos del presidente con el grupo empresarial y el banco fueron señalados por la oposición, lo que, sumado al uso indebido de fondos públicos, llevó a que el miércoles 4 de noviembre la Cámara de Diputados solicitara acusar al mandatario y abrir un juicio político por el caso.
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