Estados Unidos flexibilizó sus sanciones contra Venezuela para permitir el pago de la defensa de Nicolás Maduro en su proceso por narcotráfico en Nueva York.
Estados Unidos acordó modificar sus sanciones contra Venezuela para permitir que el gobierno de ese país pague los honorarios legales del ex mandatario Nicolás Maduro, quien enfrenta un proceso penal por narcotráfico en Nueva York.
La decisión se dio a conocer a través de un documento judicial presentado este viernes, en el que se detalla que el Departamento del Tesoro autorizó, bajo condiciones específicas, que los abogados defensores puedan recibir pagos provenientes del Estado venezolano.
Foto: X (@AlertaMundoNews)
El giro en la política responde a una disputa legal planteada por el abogado de Maduro, quien argumentó que las sanciones impedían financiar la defensa, lo que vulneraba el derecho constitucional del acusado a contar con el abogado de su elección.
Inicialmente, las restricciones bloqueaban cualquier transferencia de fondos del gobierno venezolano, lo que llevó a la defensa a solicitar incluso la desestimación del caso.
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Las medidas impedían que el gobierno venezolano cubriera los honorarios legales, lo que, según la defensa, dejaba a Maduro sin posibilidad de pagar a su abogado por cuenta propia ni acceder a recursos externos.
Este escenario fue señalado como una posible violación a sus derechos dentro del sistema judicial estadounidense.
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El abogado Barry Pollack sostuvo que la prohibición constituía una limitación directa al derecho a la defensa, protegido por la Constitución de Estados Unidos.
Ante ello, solicitó al juez Alvin Hellerstein que desestimara el caso debido a la imposibilidad de garantizar una representación legal adecuada.
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Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero en Caracas y trasladados a Nueva York.
Ambos enfrentan cargos por conspiración para narcoterrorismo y se han declarado inocentes. Actualmente permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio.
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Durante una audiencia celebrada en marzo, el juez expresó dudas sobre la justificación del gobierno estadounidense para bloquear los pagos, al considerar que el derecho a la defensa debía tener un peso central.
Aunque no mostró intención de desestimar el caso, sí cuestionó las restricciones impuestas por las sanciones.
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De acuerdo con la autorización, los pagos deberán cumplir ciertos requisitos, entre ellos que los recursos provengan de fondos disponibles del gobierno venezolano y que se ajusten a las disposiciones del Departamento del Tesoro.
La medida busca evitar que el proceso se vea comprometido por cuestionamientos legales relacionados con el derecho a una defensa adecuada.
Con ello, se garantiza que el juicio continúe bajo condiciones que respeten las garantías constitucionales del acusado.
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