Rumbo a las elecciones locales y federales de 2027, el Tribunal Electoral evalúa los retos para garantizar el voto informado en las cárceles del Estado de México.
De cara a las próximas elecciones locales y federales del año 2027, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó un estudio detallado para evaluar la viabilidad de que las personas privadas de su libertad puedan acceder al voto en las prisiones.
En México, las personas que todavía no cuentan con una sentencia impuesta de manera formal tienen todo el derecho a votar; sin embargo, para realizar esta participación ciudadana real, las instituciones se enfrentan a retos y riesgos significativos en la organización.
Las elecciones del 2027 marcarán una nueva etapa de la elección judicial con la renovación de cargos clave dentro del Poder Judicial, pues el país estará eligiendo quién gobierna, quién juzga, quién interpreta la Constitución, quién resuelve las controversias electorales y quién puede poner límites jurídicos al poder.
Al respecto, el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx, Ramiro Medrano González, menciona que alrededor del 90 por ciento de las personas que están en prisión preventiva muestran un verdadero interés por votar.
Sin embargo, el especialista admite que resulta bastante complicado que estas personas tengan acceso directo a las plataformas electorales y a las propuestas de los candidatos.
En elecciones pasadas, dentro de los centros penitenciarios se transmitieron debates y se distribuyó información por medio de carteles informativos.
Las personas ingresadas a estos centros representan un sector importante, ya que en el Estado de México hay 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS), donde miles de ciudadanos podrían participar en las elecciones de 2027.
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Los datos del INE referentes a procesos electorales pasados informan que 9 mil 534 personas en situación de prisión preventiva en la entidad recibieron información oportuna sobre las candidaturas, de las cuales 8 mil 688 eran hombres y 846 eran mujeres.
Además, se dio a conocer que 94 personas recluidas en 13 centros penitenciarios diferentes hablaban alguna lengua indígena.
Toda esta planeación previa servirá como base, ya que en las próximas elecciones del 2027 estarán bajo elección un total de 18 mil 930 cargos públicos a nivel nacional y local, entre ellos diputaciones federales y estatales, gubernaturas, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y espacios clave del Poder Judicial.
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Medrano González advierte que toda persona, sin importar en absoluto su condición social o personal, tiene el derecho fundamental de participar activamente en la democracia de su país.
El investigador apunta que, además de las personas privadas de su libertad, las autoridades tienen el reto de garantizar el sufragio universal de otros sectores vulnerables como las personas hospitalizadas, los ciudadanos sin un domicilio fijo y cualquier otro grupo social que presente dificultades físicas o geográficas para acudir a las urnas tradicionales.
Garantizar el acceso a la información y al voto en los centros penitenciarios es un paso indispensable para consolidar una verdadera democracia inclusiva en el Estado de México.
Lograr que las personas en prisión preventiva conozcan las propuestas de los candidatos permitirá que su participación en los próximos comicios sea consciente, razonada y libre de cualquier rezago social.
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