Tras la agresión a una comunicadora en el Chorizo Fest, el gobierno de Toluca analiza endurecer los castigos contra servidores públicos implicados en casos de acoso y hostigamiento.
En su lucha para frenar el acoso sexual contra las mujeres, el ayuntamiento de Toluca planea la posibilidad de endurecer las penas para quiénes cometan este delito.
Todo ocurrió durante el Chorizo Fest, donde una comunicadora sufrió tocamientos indebidos mientras realizaba la cobertura informativa del evento.
La situación empeora cuando, a través de un video publicado en redes sociales, la víctima asegura que las personas que presenciaron los hechos se burlaron de ella, minimizando por completo el acoso que recibió.
De inmediato, el ayuntamiento de la capital mexiquense informó que se le daría un seguimiento puntual a la denuncia interpuesta, pues el hombre denunciado es un funcionario de la capital mexiquense.
Según información que circula en redes sociales, Toluca cuenta con un historial de delitos de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte de servidores públicos.
Lo que significa que este podría no ser un hecho aislado. El ayuntamiento necesita realizar cambios importantes, principalmente de carácter administrativo. Las víctimas que han sufrido acoso sexual u hostigamiento no deberían sufrir cambios injustificados en sus puestos de trabajo o represalias por presentar una denuncia.
Funcionarios como Justo Núñez Skinfill secretario del Ayuntamiento, y presunto responsable del acoso sexual ocurrido durante el Chorizo Fest, suelen no ser separados de su cargo pese a las investigaciones en su contra. Sin embargo, las mujeres que presentan su denuncia sí son cambiadas de área durante el proceso de investigación.
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La necesidad de proteger a las trabajadoras y ciudadanas de los abusos de poder dentro del gobierno, es lo que motiva a las autoridades a considerar endurecer las penas contra el acoso y el hostigamiento.
La intención de modificar los reglamentos internos es que ningún servidor público pueda usar su puesto para silenciar a las víctimas. Con estos cambios administrativos, se busca que las mujeres denuncien sin el temor de perder su empleo, de ser cambiadas de área o de sufrir maltratos laborales por alzar la voz.
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Según el Código Penal del Estado de México, la diferencia principal está en la relación que existe entre la víctima y el agresor dentro del entorno laboral o escolar:
Hostigamiento sexual: Ocurre cuando el agresor tiene una posición de poder o superioridad frente a la víctima (por ejemplo, un jefe, director o secretario del ayuntamiento) y utiliza esa jerarquía para realizar propuestas verbales o físicas de carácter sexual sin consentimiento.
Acoso sexual: Se presenta cuando hay un comportamiento o tocamientos de carácter sexual no deseados, pero no existe una relación de subordinación o un puesto superior de por medio (puede ocurrir entre compañeros del mismo nivel, conocidos o personas extrañas en la calle o eventos públicos).
Hoy en día, el Código Penal del Edomex castiga el acoso sexual con penas que van de uno a cuatro años de prisión y multas económicas.
En el caso del hostigamiento sexual cometido por un servidor público, la ley es más estricta: además de la pena de cárcel, el funcionario puede ser suspendido o destituido de su cargo de manera definitiva, y se le puede inhabilitar para volver a trabajar en el gobierno.
La protección y el respeto hacia las mujeres en los espacios públicos y laborales debe ser una prioridad absoluta. Se espera que las investigaciones de este caso lleguen hasta las últimas consecuencias para garantizar que ningún acto de violencia quede impune en la capital mexiquense.
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