La propuesta busca sanciones de hasta 250 mil pesos para empresas que vulneren los derechos de la comunidad LGBT+ en Edomex.
En el Estado de México podría endurecerse el combate contra la discriminación hacia las personas trans con una iniciativa que busca establecer sanciones económicas para empresas que incurran en prácticas de exclusión o trato desigual.
La propuesta surge en un contexto donde organizaciones civiles y colectivos han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que garanticen el acceso a espacios laborales y de servicios libres de violencia y discriminación.
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Recientemente se ha señalado que la diputada Miriam Silva Mata, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México, anunció que presentará una iniciativa para las empresas que incurran en actos en contra de la comunidad sexogenérica.
Con esta propuesta se establece que cuando un comercio sea denunciado por discriminación a la comunidad y esta situación sea confirmada por las autoridades, se podrá establecer una sanción económica al lugar.
Se ha mencionado que ha surgido esta propuesta para presentarse ante autoridades del Estado de México, derivado del caso de Paulette Slava Cárdenas Vergara, directora de la fundación Flor de Calle, quien se identifica como mujer transexual y sufrió discriminación el 15 de abril de 2022 al ingresar a los sanitarios de una cadena de cines en la Ciudad de México y personal del establecimiento le solicitó retirarse al afirmar que Paulette era hombre.
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La diputada ha señalado que con esta propuesta se busca que quienes incurran en este delito reciban sanciones ejemplares que podrían llegar hasta los 250 mil pesos, así como plantear resoluciones por el daño moral que sean proporcionales a la capacidad económica del establecimiento.
Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una fecha para que esta propuesta sea presentada ante autoridades del Estado de México.
De aprobarse, la medida representaría un paso importante en el fortalecimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, al contemplar consecuencias para establecimientos o centros de trabajo que vulneren la dignidad de las personas por motivos de identidad o expresión de género.
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